La Fundación Renovables presentó ayer su particular análisis del sector energético, acompañado de una serie de propuestas que nos han llamado profundamente la atención. Sobre todo, porque dichas propuestas parten de una declaración doctrinal de vuelta al pasado, cuando la Administración decidía qué instalaciones, de qué tipo y dónde se instalaban mediante el BOE y que hoy no tendría cabida ni en el ordenamiento jurídico español ni en el comunitario, basados en los principios de libertad de establecimiento y funcionamiento en competencia.
Mientras la UE se centra en la construcción del mercado interior de la energía, estos planteamientos van justamente en sentido contrario. Si, como plantea esta organización, se eliminaran las instalaciones económicamente eficientes, España dispondría de un parque generador incapaz de producir ni un solo KWh en un mercado europeo integrado, porque serían las instalaciones de otros países las que funcionarían en lugar de las nuestras. Esto equivaldría a que nuestro suministro fuera dependiente de terceros al 100%.
La otra solución es la que tenemos hoy, que está dando lugar a que en un buen número de horas exportemos energía eléctrica a precios muy bajos -cuando no a cero- a costa de que los consumidores nacionales paguen a los productores de régimen especial una media de 100 euros por cada MWh que ellos no consumen y que regalamos a los clientes en Portugal, Francia, Marruecos y otros países.
No es cierto que la generación que supuestamente sobra esté encareciendo el recibo eléctrico, y mucho menos en base a argumentos como que, a mayor oferta, mayores precios, como se dice en el artículo. Este tipo de afirmaciones son contrarias a los principios económicos y al sentido común, y se responden por sí solas. Lo cierto es que muchas de estas plantas térmicas convencionales se construyeron dando crédito a la planificación indicativa del Gobierno y en respuesta a las peticiones de responsabilidad con la garantía de suministro solicitada por los Ejecutivos. Hoy no pueden producir ni una cuarta parte de lo que necesitan para recuperar sus inversiones, porque cambió la política energética y se decidió dar prioridad a otras tecnologías a las que, además, se les garantizó una magnífica rentabilidad sin riesgo.
Estas instalaciones infrautilizadas, por aquello de estar en competencia, no encarecen el coste de los consumidores, sino que son las cuentas de resultados de sus propietarios las que sufren el perjuicio. La situación se agrava porque las compañías no pueden cerrar estas plantas. A pesar de toda esa potencia sobrante, son necesarias para que no se produzca un apagón cuando las energías no gestionables dejan de producir. Es cierto que tenemos más potencia de la que se necesita para cubrir las puntas de demanda, pero es también cierto que una parte muy importante de esa potencia, la del régimen especial, no es firme y necesita estar prácticamente duplicada mediante instalaciones térmicas.
Desde hace unos años, las instalaciones tradicionales aportan dos terceras partes de la demanda anual de electricidad y cobran por todos los conceptos y en cifras absolutas un poco menos de lo que cobran las instalaciones del régimen especial, que solo aportan un tercio de la demanda. ¿Quién encarece el suministro y resta competitividad a la economía? Afirmar que una de las causas del déficit de tarifa está en las subastas de la Tarifa de Último Recurso (TUR) es, de nuevo, un disparate. Los precios de las subastas de la TUR pueden parecer caros o baratos -hasta ahora están en la media de los mercados a plazo del resto de Europa-, pero lo que no puede decirse es que contribuyan al déficit, porque no guardan relación con el mismo. El cambio que supuso la implantación de la TUR en 2009 fue que los consumidores pasaron a pagar por la energía íntegramente el precio de la misma. De forma que la energía, si en algún momento fue causante del déficit, a partir de 2009 dejó de serlo. Desde esta fecha, el déficit se genera exclusivamente porque lo que se cobra por aplicación de las tarifas de acceso es inferior al pago de los costes regulados que hay que hacer con cargo a dichos ingresos.
El déficit empezó a convertirse, por su magnitud, en un grave problema coincidiendo con el incremento de las subvenciones al régimen especial, en particular a las tecnologías solares. Aunque las tarifas se incrementaron, esto fue insuficiente para atender los pagos de las primas, que durante los últimos años han aumentado a un ritmo anual cercano al 30%.
Eduardo Montes. Presidente de Unesa.
