El anteproyecto de ley orgánica para la tan necesaria mejora de la enseñanza en España ha sido acertadamente presentado a la comunidad educativa, y a todos los ciudadanos en general, para que realicen sus propuestas de mejora. Y es de esperar que también para que estas se tengan en cuenta cuando José Ignacio Wert presente el texto definitivo para su aprobación por el Consejo de Ministros.

Si para algo ha servido esta crisis es para constatar, una vez más y por si alguien aún lo dudaba, la certeza de que el futuro de la economía y, más aún, el futuro de un país depende inexorablemente de la formación, capacidades y carácter emprendedor de sus ciudadanos, es decir, de su formación. Por eso el ministro Wert, como todos sus predecesores en Educación, tiene en sus manos el futuro a medio plazo de España. Es de esperar que dé con la clave que evite partidismos sectarios e intereses creados en una ley que debe nacer con vocación integradora de permanencia y estabilidad no conseguida hasta ahora. La consulta pública ya ha planteado una primera polémica: ¿a qué edad debe elegir el alumno el itinerario en función de los estudios que vaya a realizar? Hay pruebas de que puede funcionar a los 12 años, pero también a los 16. La clave aquí estará, como en todo el texto, en que no cierre puertas, sino todo lo contrario.