Una ley para derribar barreras
La nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyo anteproyecto aprobó el Gobierno el viernes, tiene un carácter tan reformista que va a modificar un total de 11 leyes. Ese argumento, empleado en positivo por la ministra de Ciencia e Innovación, es paradójico. Porque un país convencido de que debe mejorar su modelo productivo y de que sufre enormes lagunas en competitividad no tiene por qué mantener ni un segundo vigentes normas que son obstáculos para estos logros. Esta esperanzadora ley viene, una vez más, a poner negro sobre blanco las extraordinarias carencias a que nos condena la ineficiencia de nuestros legisladores.
La nueva Ley de Ciencia tiene la posibilidad de corregir fallos importantes y eliminar barreras, pero sólo lo hará si sabe conjugar con acierto los medios públicos con la participación del sector privado en la I+D+i, la gran asignatura pendiente de la ley vigente desde 1986 que ahora se pretende actualizar. Con el fin de lograr mayores niveles de eficiencia en el gasto público en investigación, desarrollo e innovación, la nueva norma creará la Agencia Española de Investigación, cuyo objetivo será, según Cristina Garmendia, realizar una gestión "más ágil, flexible, estable y eficiente" de los recursos públicos. Pero nada asegura que este nuevo organismo vaya a ser la solución, más bien al contrario si no se atina también en una profunda colaboración entre todas las Administraciones.
Algunos aspectos de la ley, como la nuevas formas de financiación para empresas que investiguen, bien sea mediante capital riesgo o con el incentivo a las empresas que busquen financiación en el Mercado Alternativo Bursátil, son medios útiles para activar una estrategia de innovación verdaderamente eficaz. Pero esto es justo lo contrario a aspirar a un gran colectivo de investigadores titulados, con carné de científico expedido por el Estado. La norma debe alejarse todo lo posible de la creación de una nueva casta de investigadores profesionales, amparados en medios públicos pero sin la pertinente exigencia de resultados para la economía productiva, sea a corto, medio o largo plazo.
Promover y retener el talento no consiste en crear satisfactorios empleos de funcionarios, sino en animar al sector privado a que se vuelque a fondo en una nueva forma de entender la actividad, con la innovación en productos y servicios como norte. El texto legal entra ahora en una fase fundamental. De las próximas semanas dependerá que en los laboratorios y los talleres españoles, públicos y sobre todo privados, se descuelgue para siempre el unamuniano cartel de "¡que inventen ellos!". Para ello es imprescindible un apoyo fiscal decidido a las empresas que innoven, como objetivo básico para ganar competitividad. Algo que, sorprendentemente, no parece encontrarse con toda la claridad y sin ambages en la intención del legislador.