La nueva Ley de la Ciencia que elabora el Gobierno cumplirá su función sólo si elimina los corsés que impiden potenciar la I+D+i y desarrollar el talento en España. Pero además, para tener miras amplias, debe abrir las mayores posibilidades a la investigación -básica y aplicada-, aproximar las necesidades de las empresas a los trabajos de las universidades, mimar a los investigadores para que no huyan en busca de mejores condiciones y, sobre todo, llevar a España por la senda de la mayor competitividad.

Sólo estando en la avanzadilla de la investigación y la innovación podrá la economía española dar el paso imprescindible para mejorar su modelo de crecimiento. Una buena Ley de Ciencia -y de Tecnología e Innovación, si al final se adopta este nombre- ha de constituir el caldo de cultivo en el que se desarrolle una economía competitiva, pero también la propia sociedad.

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha chocado con Economía porque la Agencia Estatal de Financiación de la Investigación Básica, que incluye la ley, prevé una autonomía y capacidad para endeudarse que podría suponer pérdida de control del gasto por Hacienda. La ilusionante potencialidad de este texto legal exige de los legisladores suficiente habilidad como para superar trabas de este tipo, con el objetivo de lograr una norma realmente útil.