Sin acudir a comparaciones odiosas, lo cierto es que la economía social ha sabido resistir la crisis mucho mejor que la empresa tradicional. Algo especialmente reseñable por la dimensión de un sector que da trabajo a 2,3 millones de personas, acumula el 6% del PIB y abarca todas las parcelas productivas. Incluida la alta tecnología. El secreto de su resistencia estriba, como sus propios responsables reconocen, en su extraordinaria flexibilidad interna que les permite ajustes rápidos de su fuerza laboral o recortes salariales si son necesarios. O de ejemplos loables como el de la cooperativa Mondragón, que tras la crisis de 1994 optó por crear un fondo de resistencia que le permitiese afrontar momentos duros -como el actual- sin tener que recurrir a despidos masivos.

Pero las diferencias no son tantas respecto a la empresa convencional. En definitiva, empresarios y trabajadores viven también de la cuenta de resultados y deben aprender a compartir beneficios y pérdidas por igual. Si los cooperativistas toman decisiones sin pestañear, no hay motivos para que ellos no puedan hacer lo mismo. Es una lección que deberían aprender también los agentes sociales, cuya obligación es encontrar fórmulas de flexibilidad que sirvan indistintamente tanto para los tiempos buenos como, especialmente, para los malos.