Los dos lastres de la economía española

El Banco de España ha vuelto a poner en el punto de mira dos de las grandes cuestiones que están lastrando severa y permanentemente la evolución de la economía española: la rigidez del mercado laboral, especialmente en materia de salarios, y la persistente laxitud presupuestaria de las comunidades autónomas. En un informe anual en el que no han tenido cabida paños calientes, Miguel Ángel Fernández Ordóñez afirma que la inflexibilidad salarial ha frenado gravemente las posibilidades de crecimiento de España los dos últimos años. Ordóñez sostiene que sin el lastre que supone el insuficiente ajuste que existe en los precios y salarios a la evolución de sus determinantes -una circunstancia que llevó a los segundos a aumentar un 4% en 2009- España habría podido crecer un 2,6% del PIB en 2010, prácticamente en la línea de países como Francia o Alemania.

Claro que no es la primera vez que el gobernador del órgano emisor centra sus críticas en la ausencia de flexibilidad del mercado de trabajo español, pero sí ha sido la primera ocasión en que ha cuantificado su efecto negativo sobre el crecimiento. Con ello no ha hecho más que demostrar lo que no es ningún secreto: que la rigidez salarial supone un serio obstáculo para el desarrollo, y que despliega sus efectos más dañinos en épocas de crisis al impedir a las empresas adaptarse al ciclo productivo sin perder competitividad. Como recordaba ayer el órgano emisor, más del 50% de la variación salarial en España está ligada a la evolución de la inflación, un porcentaje prácticamente inexistente en el resto de la zona euro y que convierte a España, una vez más, en un país perjudicialmente diferente. Mientras esa distorsión no se solucione con fórmulas como la de ligar los sueldos a la productividad, las empresas seguirán estando abocadas a efectuar los ajustes salariales por vía de cantidad, alimentando así más la insostenible e injusta tasa de paro y manteniendo amordazadas las posibilidades de crecimiento de la economía española.

La indisciplina fiscal de las regiones constituye la principal crítica en el balance anual del Banco de España, que exige al Gobierno un mayor control sobre las comunidades autónomas para que cumplan con el objetivo de consolidación. Como mecanismo para llevar a cabo esa tarea, Ordóñez insta a todas las Administraciones a ligar su techo de gasto al crecimiento económico a la hora de confeccionar sus Presupuestos, de forma que en ningún caso pueda superar la evolución media del PIB nacional. Aun cuando el Ejecutivo se ha comprometido a aprobar una ley de techo de gasto a la vuelta del verano -que será de aplicación inmediata en la Administración central y las corporaciones locales-, el Banco de España aboga con acierto para que se haga lo propio en las comunidades autónomas. Una propuesta que -más allá del debate político sobre cuál es el modo de llevarlo a cabo- tanto PSOE como PP aseguran que implantarán en las regiones en que gobiernan. En una clara alusión a Cataluña, que ya ha anunciado que no podrá cumplir con el objetivo de techo de déficit fijado para este año, el Banco de España reclamó también un sistema de autorizaciones de endeudamiento "estricto y sin excepciones".

No por reiteradas, todas estas exigencias dejan de ser necesarias y oportunas. Las cuentas públicas de la Administración autonómica española siguen siendo una asignatura pendiente de extraordinaria gravedad para el conjunto de la economía española. Y lo son en un momento en que no solo la mirada de Bruselas fiscaliza su evolución, sino que la desconfianza de los mercados financieros mantiene bajo presión la prima de riesgo española hasta subirla a cotas inadmisibles. Pese a los esfuerzos realizados hasta ahora, hay todavía mucho por hacer para estimular el crecimiento en España. Con los datos que ayer publicó el Banco de España en la mano, esa hoja de ruta debe pasar obligatoriamente por dos tareas: ahondar en la flexibilización del mercado laboral -con especial atención al mecanismo de fijación de salarios- y lograr que las comunidades autónomas actúen con el mínimo de responsabilidad fiscal e institucional exigible en unas circunstancias como las actuales.