La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha liquidado los astilleros civiles españoles de propiedad pública y acaba así con un ciclo industrial de ininterrumpidas pérdidas, que ha costado al erario público infinidad de recursos y que ha consumido ingente cantidad de energías a sus gestores, con ajustes laborales nunca definitivos. Esa es la buena noticia de la adjudicación de tres de los cuatro centros de trabajo de Izar. En los próximos años se podrá confirmar si eran astilleros ruinosos o, simplemente, estaban mal gestionados.

La mala noticia de la liquidación es la poca transparencia sobre las condiciones definitivas de las adjudicaciones. La Administración debe dar claras explicaciones sobre qué valor tienen los activos de cada centro de trabajo, qué precio abonan por ellos los nuevos propietarios y quién asume el pago de la deuda pendiente y de los ajustes laborales en marcha.