Roma está en un aprieto. Los atrasos en pagar a las empresas locales están asfixiando la economía, pero financiarlas por adelantado podría elevar la deuda del país y asustar a los mercados. Así que Italia está usando a los bancos para adelantar algo de dinero y así evitar alimentar la deuda, al menos por un tiempo.
Las facturas sin pagar de las autoridades locales y otras entidades gubernamentales a los proveedores privados se estiman en 70.000 millones de euros, un 4% del PIB. Las normas contables de la eurozona permiten a los Gobiernos excluir los atrasos comerciales de sus niveles de deuda pública hasta que sean pagados. Pero acumular atrasos daña la economía, y una directiva europea obligará en 2013 a los Gobiernos a reconocer las facturas sin pagar. España se ha puesto con ello. Recientemente admitió 35.000 millones en atrasos reconocidos como deuda por las regiones.
Italia ha anunciado un plan para aflorar 30.000 millones de atrasos para finales de año, pero de una manera que no afectará a sus niveles de deuda publicados. Algunos de los atrasos serán compensados con impuestos sin pagar que arrastran los proveedores. Unos 6.000 millones se destinaron para saldar atrasos en el plan de austeridad del año pasado. Para la cantidad restante, Roma ha propuesto una elaborada pieza de ingeniería financiera. Los bancos italianos prestarán a los proveedores una vez que hayan obtenido un certificado para probar que los pagos son legítimos. Los préstamos dejan al banco expuesto al riesgo del crédito. Pero un fondo separado apoyado por el Gobierno central dará las garantías a los bancos. Estos, a cambio, recortarán la ponderación de riesgos sobre los préstamos y les permitirá ofrecer a los proveedores mejores condiciones. Dado que estas garantías son pasivos contingentes, también deberán estar fuera del balance del Gobierno a menos que se les requiera.
Las triquiñuelas son soluciones para salir del paso. En algún momento el Gobierno tendrá que pagar las facturas. Y el apoyarse en los bancos puede ser más lento que pagar directamente. Con una deuda equivalente al 120% del PIB y unos mercados febriles por la crisis griega, es fácil ver por qué Roma prefiere mantener las cosas fuera del balance.
