Islandia fue tonta al acercarse la crisis financiera de 2008, pero el Reino Unido y Holanda lo fueron aún más. Este es el mensaje implícito de la sentencia de la Asociación Europea de Libre Comercio. En cierto sentido, el veredicto es una recompensa por el abyecto fracaso del gobierno islandés al regular sus bancos. Pero la AELC ha concluido de forma acertada que la confianza británica y holandesa en Islandia fue aún más estúpida.
La tarea principal del tribunal era juzgar si Islandia había incumplido sus responsabilidades dejando en la estacada a los depositantes del Reino Unido y Holanda cuando el mayor banco del país, Landsbanki, colapsó en 2008. Los airados contribuyentes de ambos países dirían, sin duda, que sí. También algún observador neutral.
La decisión del tribunal de fallar a favor de Islandia no debería conllevar muchos daños para Gran Bretaña y Holanda. El Landsbanki ya ha cumplido con el 50% del dinero que debía a depositantes extranjeros, y los administradores confían en que podrán cubrir el resto. Lo que la sentencia dicta es una lección objetiva de la cruda realidad de la banca transfronteriza.
Antes de que la Comisión Europea entrara en razón en 2009 y endureciera las normas, los estados de la AELC debían tener planes de garantías de depósitos, pero había una gran diversidad en cuanto a sus tamaños. Ni en Gran Bretaña ni en Holanda se dieron cuenta de que el sector bancario islandés era diez veces mayor que su PIB, o sí lo sabían pero asumieron que Reykjavik les ayudaría en caso de crisis. Como se comprobó, no lo hizo.
La bofetada de realidad de la AELC viene cuando los reguladores globales intentan crear «planes de resolución» que funcionen para gestionar las caídas de los bancos transfronterizos. La herida británica y holandesa hará que los estados se muevan con cautela. Pero si, como quiera que acaben, hacen que el contribuyente esté más protegido, será algo positivo.
