La situación del sector inmobiliario español no solo es muy negativa por la nula capacidad de nuestra economía para recuperar los mínimos niveles de empleo y actividad necesarios para que la demanda de vivienda existente pueda convertirse en solvente, sino que lleva cinco años literalmente aplastado por una losa inmanejable que no es otra que el enorme stock de vivienda sin vender, que ya alcanza incluso a la vivienda protegida.

Ante esta situación que parece perpetuarse sin visos de solución a corto plazo, es necesario perseverar en la búsqueda de soluciones globales, pero también hay que poner en marcha iniciativas concretas en el corto plazo que ayuden a diluir ese singular atasco de casas que todavía no tienen comprador.

Hemos venido pidiendo a los poderes públicos la puesta en marcha de medidas en este sentido. La propuesta del Gobierno de establecer medidas que faciliten la residencia a los ciudadanos extranjeros que inviertan en vivienda a partir de un determinado importe mínimo va en esa dirección, porque no solo ataca el principal problema, la reducción del stock, sino que ayudará a dinamizar una economía en recesión potenciando el consumo y los sectores del turismo y los servicios, a la vez que impulsará al sector inmobiliario.

Desde hace años el mercado inmobiliario español se ha constituido como una singular oportunidad para los compradores no residentes. En la actualidad los compradores extranjeros de vivienda, menos afectados por la crisis que nosotros, vuelven a centrar su interés en España.

Sin embargo y a pesar de los buenos precios que ofrece el mercado inmobiliario español, muchos de estos compradores potenciales se ven frenados por las dificultades que su condición de extranjeros no comunitarios conlleva para residir de forma prolongada en España.

Flexibilizar las condiciones de residencia para esta demanda no solo es un incentivo importante para dinamizar este mercado y disminuir el stock existente -que el ministerio de Fomento cifra en alrededor de 680.000 viviendas sin vender- sino que es una medida que, con distintas variantes, ha sido ya puesta en marcha con éxito por muchos países importantes, como es el caso de Francia, Canadá o Estados Unidos.

En todos estos países hay facilidades en relación con concesión del permiso de residencia para los compradores extranjeros de vivienda a partir de un importe y ha sido apoyada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como un sistema idóneo para favorecer la inversión extranjera en los países desarrollados.

Sin duda debe vigilarse que las facilidades para la inversión extranjera en inmuebles como la que se propone aprobar el Gobierno, tanto en lo que se refiere a facilitar la residencia permanente como a los límites mínimos de la inversión a realizar o al aseguramiento de la capacidad de pago del comprador se cumplan rigurosamente, evitando así posibles fraudes o desviaciones.

A pesar de todo se trata de una medida muy positiva que está en línea con lo que vienen estableciendo en este aspecto países de singular importancia en el concierto mundial.

Juan F. Lazcano. Presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y Vicepresidente de la CEOE