La Inspección de Trabajo y Seguridad Social recuperó el año pasado más de 900 millones en cuotas impagadas al sistema de pensiones e impuso sanciones por irregularidades en las empresas de cerca de 300 millones, cantidades en ambos casos muy similares a las del ejercicio anterior. Pero afloraron una cantidad notablemente superior de cotizaciones correspondientes a empresas que no tenían en alta a sus trabajadores, práctica creciente desde la llegada de la crisis económica, y que ha supuesto que más de 43.000 trabajadores hayan pasado de la economía negra a la oficial. Para 2009 uno de los objetivos estrella del Ministerio de Trabajo es reforzar la lupa precisamente en la economía sumergida.

El cuerpo de inspectores cuenta con una plantilla de cerca de 1.800 funcionarios, con un notable avance de efectivos sobre el que había hace un par de años. Aunque su eficiencia no pueda medirse explícitamente por los impuestos aflorados y las multas impuestas y cobradas, da la impresión de que existe una capacidad de actuación muy superior a la observada, al igual que ocurre en el campo de la inspección tributaria. Pero atender el cumplimiento de los nuevos derechos laborales creados puede absorber demasiadas energías, que estarían mejor empleadas en la búsqueda de la elusión reiterada de cotizaciones.