Las medidas que ha anunciado ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados suponen un duro ajuste presupuestario (tanto por la vía de los ingresos públicos como de los gastos públicos) cuyo efecto sobre la actividad económica real va a ser, a corto plazo, claramente negativo.
Muchas de las medidas ya habían sido anticipadas a la opinión pública en las últimas semanas y habían sido comentadas, extensamente, por los analistas y el público en general: la subida del IVA, la supresión de la segunda paga extraordinaria de los funcionarios, la eliminación de la deducción por vivienda habitual, etc. Otras, sin embargo, no eran tan esperadas o se habían comentado menos: el recorte presupuestario para los ministerios, la reducción en el número de concejales de los ayuntamientos, la reforma de la tributación medioambiental, etc.
No cabe ninguna duda de que algunas medidas van a ser muy comentadas en las próximas semanas por su inoportunidad o inequidad. El caso más claro de esto es, probablemente, el de la reducción en la prestación por desempleo a partir del sexto mes de la percepción. En opinión de muchos, en una crisis como la actual (la más prolongada e intensa que recordamos) el Estado no debe reducir dicha prestación, ya que es el único ingreso que tienen quienes más la sufren (los desempleados).
Otra decisión que se antoja polémica, y no porque se lleve a cabo la misma sino por su alcance, es la reducción en un 20% de la partida presupuestaria a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. En una situación de emergencia económica como la actual parece escasa dicha reducción (aunque se nos recuerde por parte del poder político que dicha partida ya se redujo un 20% en los presupuestos generales del año 2012).
El reforzamiento de las diputaciones provinciales para que centralicen la prestación de servicios a los pequeños municipios (que va a generar, según ha anunciado el presidente del Gobierno, un ahorro de 3.500 millones de euros) también va a ser carne de polémica. Si alguien pensaba que esta crisis tendría como consecuencia positiva la eliminación de las diputaciones provinciales y, en consecuencia, la simplificación de la estructura administrativa del Estado se ha equivocado.
Una propuesta que sí va a contar con el respaldo ciudadano es la reducción en un 30% del número de concejales de los ayuntamientos españoles. Sería muy conveniente, no obstante, que esta medida se complementara más adelante con la reducción del elevado número de ayuntamientos que existen en España (en total, más de 8.000).
Como es frecuente en nuestra clase política se anuncian también otras acciones (más bien habría que llamarlas propósitos o buenas intenciones) que no se concretan ni cuantifican: eliminación de empresas públicas y fundaciones, supresión de duplicidades e incluso triplicidades administrativas, reducción de los días de libre disposición de los funcionarios (moscosos), eliminación de las competencias impropias de los ayuntamientos (aquellas que desarrollan sin disponer de financiación específica para las mismas), etc.
Algo que llama mucho la atención es que no se hayan anunciado medidas de lucha contra la corrupción y el fraude fiscal. Hay que recordarle al presidente del Gobierno que los inspectores de la Agencia Tributaria han reiterado, en numerosas ocasiones, que en la economía española existe todavía un amplio margen de lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal que ésta genera y que, además, los colectivos más propensos a dicho fraude están claramente identificados.
La reciente amnistía fiscal (o regularización fiscal extraordinaria como algunos prefieren denominarla en un lenguaje políticamente correcto), y esta ausencia de nuevas medidas contra el fraude fiscal, sorprenden dadas las características estructurales de la economía española y la coyuntura económica actual.
Sí se avanza en la dirección de una mayor competitividad en costes y precios de la economía española (y los empresarios llevan años reclamándolo) con la reducción de las cotizaciones sociales. En concreto, el anuncio realizado es la reducción de un punto porcentual en el año 2013 y otro punto porcentual adicional en 2014. Es de esperar que este sea el inicio de una tendencia a la baja en dichas cotizaciones y no algo meramente coyuntural.
Como es lógico, el objetivo perseguido de reducir la brecha fiscal en 65.000 millones de euros con todas las medidas anunciadas ayer (que comenzarán a aprobarse en el próximo Consejo de Ministros del viernes 13 de julio) dependerá no solo de los buenos deseos económicos del Gobierno, sino de la reacción que muestren los agentes económicos a las mismas.
Francisco Javier del Río Sánchez. Profesor de Economía Aplicada de la Universidad Alfonso X el Sabio
