Los impagos, un motor para crear paro
La falta de empleo es el primer problema de la crisis. Y es generador, además de las sociales, de una larga lista de graves consecuencias económicas entre las que no es la menor el hundimiento del consumo privado, ese eslabón fundamental en la cadena. Entre las causas de la destrucción de empleo figura en lugar de preferencia la sequía del crédito y sus efectos más inmediatos, el freno a la inversión, la ausencia de liquidez y las tensiones de tesorería, verdadero cáncer en las empresas, a las que un desajuste en las cuentas, a menudo de carácter coyuntural, puede llevar al abismo.
Tras cinco años de crisis aguda, la batalla contra la sequía del crédito sigue sin dar resultados, a pesar de las buenas palabras de las autoridades, que pocas veces se han acompañado de planes eficaces. Uno de estos últimos, que sí ha demostrado su eficacia, ha sido el de pago a proveedores diseñado por el equipo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Con esta iniciativa se saldaron deudas del sector público por valor de 27.000 millones de euros, de los que 17.718 correspondieron a las regiones y 9.263 a los ayuntamientos). El hecho de que de esta inyección se beneficiaran 136.000 empresas, un 70% de las cuales arrastraba deudas con las entidades locales, da idea de la magnitud y el profundo arraigo del problema. Pero este plan para acabar con los impagos solo afectaba a las facturas sin cobrar anteriores al 31 de diciembre de 2011 y carecía de mecanismos de proyección para que los pagos a proveedores también llegasen a los suministradores de estos.
Y la morosidad en el sector público se vuelve a acumular (las patronales sanitarias han cifrado en 3.000 millones el volumen de impagos acumulados ya este año). Lo más preocupante, como denuncia la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, es que las malas prácticas de impagos del sector público se están contagiando al privado. La media entre empresas se ha situado en 105 días -llegan a 253 días en la construcción-, 7 días más que en 2011 y 30 por encima de lo que marca la ley. Si se siguen sin cumplir los plazos de pago que marca la Ley de Morosidad, esta será inútil. Pero si no se establece la obligación de que aquellos que cobren deudas pendientes con la Administración las salden a su vez con las empresas a las que deben dinero, el flujo de un buen plan quedará truncado.
Tampoco se debe descartar la implantación de un régimen sancionador, como el que se ha diseñado en Francia, con multas de hasta 900.000 euros e incluso hasta el cierre de la compañía morosa. El calendario de pagos para el sector privado marca un máximo de 75 días para este año y 60 a partir de 2013, y de 40 y 30 días, respectivamente, para la Administración. Si ese flujo vital sigue sin llegar al sistema sanguíneo de las empresas, seguiremos muy lejos del objetivo primordial de recortar la tasa de paro.