Hoja de ruta para sanear el sistema bancario
El Gobierno tiene bien identificados los tres frentes en los que tiene que actuar con celeridad, profundidad suficiente y convicción para poner en marcha otra vez la economía española. Control de las cuentas públicas, reforma del sistema financiero y flexibilización del mercado de trabajo. Ninguno de ellos es más urgente que el otro, pero los tres son igualmente necesarios, porque sin el concurso de cada uno de ellos no habrá una solución satisfactoria a la crisis. Aunque el Gobierno ha establecido un calendario indicativo de sus tres actuaciones más perentorias, de momento solo se conocen intenciones, y en absoluto los instrumentos para aplicarlas. Esta misma semana el país conocerá la dimensión del desequilibrio presupuestario y el esfuerzo a realizar, en función del tamaño de la no disponibilidad de crédito que apruebe Hacienda; antes del 31 de marzo habrá un Presupuesto definitivo para 2012 y una reforma laboral en el Congreso, y el último día de junio tiene que estar en marcha la reforma financiera que sanee los balances de los bancos para que contribuyan a la recuperación con la función para la que estén en el mercado: interconectar ahorro y crédito.
Poner a funcionar al sistema financiero de forma eficiente y a pleno rendimiento no es fácil. Elegir la fórmula a aplicar para lograrlo entre la docena larga de opciones que se han barajado entraña un riesgo que debe ser cuidadosamente medido de antemano porque están en juego la supervivencia del propio sistema, la estabilidad financiera del Estado y la recuperación misma de la economía nacional. Pero el Gobierno tiene que poner sobre la mesa más pronto que tarde su hoja de ruta a aplicar, pues poca justificación tiene pedir prórrogas sucesivas de tiempo muerto cuando desde hace trimestres quienes ahora gobiernan sabían que lo iban a hacer, y máxime cuando las personas elegidas para conducir la economía y reformar el sistema financiero son las que circulaban en los pronósticos de todos los avisados.
Desconocimiento, por tanto, no existe. Tras tres años largos de paños calientes, en los que tan verdad es que se le ha dado la vuelta a los enrevesados tinglados jurídicos y societarios de las cajas de ahorros como que cada seis meses se ha intervenido una entidad generando desconcierto e incertidumbre hacia España en los mercados financieros, ha llegado la hora de resolver el problema real: insolvencia o semiinsolvencia de casi la mitad del sistema y exceso de capacidad instalada en todo el territorio nacional.
No queda mucho tiempo para ello, y el Gobierno, con la ayuda del Banco de España, tiene que aprovechar esta especie de gracia que los mercados le han proporcionado para establecer una hoja de ruta explícita sobre el saneamiento bancario. El itinerario debe contener tal equilibrio que una parte de la carga, la mayor, la pague el sistema financiero, tanto los actores sanos como los perjudicados; y otra, la menor, la financien los contribuyentes con dinero público, a ser posible recuperable ulteriormente.
En primer lugar tiene sentido valorar correctamente todos los activos del balance, para dar el precio justo a aquellos que maniatan más la actividad bancaria por el temor a una generación adicional y de difícil cuantificación de pérdidas; tal reajuste en las valoraciones debe ser correspondido con un incremento proporcional de las provisiones que cubran el desfase, y que debe tener un carácter cuasi general, y desde luego no quedarse únicamente en los activos puramente inmobiliarios.
Este ejercicio, que someterá a un estrés adicional a las entidades y generará dificultades en sus cuentas de resultados, forzará de manera natural un proceso de grandes fusiones, en las que los actores más sólidos absorberán a los más dañados, costeando buena parte de las pérdidas de aquéllos, además del ajuste de plantillas y metros cuadrados. Este movimiento debería ser acompañado con la segregación en una entidad pública, y previa valoración a su precio real, de los activos realmente malos de bancos y cajas. O bien crear un mecanismo de protección individualizado de estos activos por parte del Estado, tal como se ha hecho con Sabadell-CAM. Debería limitarse al suelo, que supondría una cantidad financiable (no más de 40.000 millones), y que podría contar con recursos del fondo de rescate europeo o, en su defecto, del FMI.