Fue en Londres. El pasado 2 de abril. Los miembros del G-20 se comprometieron a "extender la regulación y supervisión a todas las entidades financieras (...). Esto incluirá, por primera vez, los hedge funds con importancia sistémica". La UE empieza este otoño a cumplir ese compromiso con la tramitación de una directiva que obligará a los gestores de fondos alternativos (hedge funds, capital privado, inmobiliarios no armonizados, etcétera) a registrarse y a detallar regularmente ante las autoridades su grado de apalancamiento y sus principales riesgos e inversiones.

El proyecto ha desencadenado una virulenta reacción en contra en la City londinense, una de las principales plazas para unos fondos que a nivel mundial mueven casi dos billones de euros. Los gestores tachan el texto de inapropiado, excesivamente burocrático y carente del tratamiento diferenciado que requiere un sector donde conviven fondos muy heterogéneos.

La directiva, es cierto, fue pergeñada a toda velocidad, bajo la urgencia de la crisis. La larga tramitación que se vislumbra deberá pulir las aristas. Pero Bruselas en ningún caso debe ceder ante una industria que, si bien no causó la crisis, puede haber contribuido a intensificarla por la utilización masiva de productos estructurados y su nivel de apalancamiento.