El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está preparando suavemente el terreno para aplicar una nueva oleada de reformas estructurales y seguramente otra vuelta de tuerca a las cuentas públicas. Cierto es que en el pasado ha existido convicción en todas sus decisiones sobre la materia y no sería justo negársela ahora; pero las circunstancias han mutado la percepción que la ciudadanía tiene sobre la relación directa entre las ideas del Gobierno y los hechos. La relativamente súbita demanda de un rescate blando para una parte del sistema financiero ha limitado la capacidad de maniobra del Ejecutivo, incluso acerca de las cuestiones en las que creía firmemente, y ha entrado en el terreno en el que la interpretación de hasta qué punto sus decisiones son autónomas y hasta qué punto son imposiciones es libre. Además, algunas de las decisiones de las próximas semanas podrán ser explicadas como iniciativas propias cuando hasta la víspera se ha descartado su aplicación.
Aunque el rescate bancario aún no cuantificado al detalle no tenga condicionalidades de política económica general, sí exige un cumplimiento al milímetro de los compromisos adquiridos por España hasta entonces, y con los que, caso de no mediar auxilio financiero para la banca, podría haber existido más laxitud de la que se permitirá en lo sucesivo. No es poca condicionalidad. Y se trata de una condicionalidad que puede provocar a la vuelta de la próxima cumbre europea un nuevo y severo recorte de gasto público -quizás ajuste retributivo a los funcionarios-, así como una nueva subida de los impuestos (el IVA, tal vez), porque no parece creíble sin ellos el objetivo de déficit del 5,3% de este año, estando como está paralizada la actividad y la recaudación, salvo que la prolongación de los plazos de ajuste fiscal suponga un nuevo calendario para todo el itinerario y relaje la presión de este año.
La apuesta por las reformas ha sido siempre un sello de identidad del Gobierno, que ha desplegado una acelerada agenda desde enero. Pero quizás ahora, tapadas por las circunstancias, deban ser reactivadas, puesto que los estímulos al crecimiento deben limitarse a la flexibilización de la oferta y a la reducción de los costes, dado que la demanda está paralizada por la caída de la renta disponible -que se va a intensificar por los ajustes fiscales adicionales- y del crédito, obligada por las condiciones a la banca y el imprescindible desapalancamiento de la economía.
El crecimiento necesita imaginación, porque el programa comunitario de los 130.000 millones hablado en Roma seguramente tardará en llegar y solo lo hará cuando se identifiquen los proyectos que precisen financiación mayorista. Mientras tanto, el Ejecutivo debe proseguir con las reformas pendientes (energía, justicia, Administración pública) sin perder tiempo en la ejecución de las ya anunciadas.
