La situación griega recuerda inevitablemente al enfermo cuyos médicos han elaborado un diagnóstico, diseñado un tratamiento y argumentado lo que ocurrirá si el paciente no accede a tomar sus medicinas o a dar su consentimiento para entrar en quirófano. Un enfermo que, aparentemente inmune a la urgencia de sus doctores, insiste en tomarse su tiempo para decidir si hará o no algo al respecto. La diferencia en este caso es que Grecia no es un enfermo aislado, sino uno extremadamente contagioso, y que su indisciplina como paciente amenaza ya no con dañar a algún vecino, sino con hacer saltar por los aires al conjunto de la comunidad de propietarios. Porque a estas alturas de la crisis, y tras un rosario de encuentros y desencuentros políticos, indecisiones agónicas y aplazamientos de rescate, no hay duda de que el problema de Grecia no es tanto una cuestión griega, que también lo es, como un grande y complejo problema europeo. Tanto es así que la reiterada y rumoreada posibilidad de una quiebra no controlada del país y de una hipotética salida de la zona euro desataría un vendaval de consecuencias imprevisibles sobre una Europa que parece avanzar a trompicones en medio de una tormenta de arena.

Grecia se ha resistido durante demasiado tiempo a aceptar la evidencia de que hay tratamientos que no resulta conveniente ni responsable rechazar. Hasta ayer, el primer ministro del país, Lucas Papademos, seguía inmerso en un debate titánico con los grupos políticos de su país para decidir su apoyo a la disciplina reformadora que la troika internacional -BCE, FMI y UE- impone a Atenas a cambio de los 130.000 millones de euros del segundo rescate que el país necesita para hacer frente a sus obligaciones financieras y domésticas.

Sin duda, se trata de un precio muy alto. El paquete de ajuste exigido por la troika incluye un total de 3.000 millones de euros, un recorte del 25% en el salario mínimo y del 20% en las pensiones, la liberalización de sectores cerrados, la abolición de convenios colectivos y el despido de un mínimo de 15.000 funcionarios este año. Semejante hoja de ruta hace más que comprensible el descontento y la tensión que vive la población helena. Pero esa comprensión no debe hacer caer en la tentación de presentar al país como una víctima involuntaria de unas circunstancias fatales. Ciertamente, las circunstancias son fatales, y se han ido agravando con el tiempo y la virulencia de la crisis, pero de ningún modo resultan nuevas. Porque la historia del desencuentro económico de Grecia consigo misma y con sus vecinos de la zona euro comenzó en el momento en que el país se integró en la moneda única a costa de ocultar el estado real de su economía y de sus cuentas públicas. De esas circunstancias, propiciadas por Atenas y toleradas por quienes en aquel entonces constituían sus anfitriones europeos, vienen buena parte de estos resultados.

Todo lo anterior no cambia el hecho de que es necesario salvar a Grecia, porque urge salvar el euro. La puesta en marcha de ese rescate implica que el país asuma que debe cumplir las condiciones impuestas por el BCE, la UE y el FMI, así como cerrar el acuerdo con sus acreedores privados, que deberán cargar con una quita de al menos el 50%. Pese a que el esfuerzo y el sufrimiento que ello supone será grande, Atenas no puede ser una excepción a la hora de sacrificarse en un entorno en el que todos los países han hecho enormes esfuerzos. Como recordaba ayer el propio Mariano Rajoy, Grecia debe hacer lo que han hecho los demás -lo que está haciendo España- y asumir con pragmatismo que el camino será duro y el resultado largo e incierto. Pero cuando un enfermo llega al estado en que se encuentra hoy Atenas no hay tiempo para decidir si se toma o no el tratamiento, sino únicamente para mentalizarse de que este es inevitable y de que será amargo.