Las Administraciones territoriales tienen una asignatura tributaria pendiente. La política de reclamar fondos a la Administración central es políticamente menos costosa que la de aplicar la corresponsabilidad fiscal, pero mucho menos responsable. Por eso las medidas encaminadas a que las entidades autonómicas y locales asuman sus deberes en el campo tributario para mantener saneadas sus arcas deben ser, por lo general, aceptadas como adecuadas.

Otra cosa es la orientación que se les quiera dar a esas medidas. Los ayuntamientos se han fijado en un importante yacimiento recaudatorio, el impuesto de actividades económicas (IAE), que pueden cobrar a las empresas que facturan más de un millón de euros, y en 2009 han subido de media este tributo un 3,6%. Pero las grandes ciudades han aumentado su afán recaudatorio hasta subir una media del 8% el IAE. Además, con los datos de un informe elaborado por el Ayuntamiento de Madrid, el IAE es, junto al impuesto de circulación, de los que dispone de más margen para subir. Pero los tributos mal aplicados pueden tener un efecto desincentivador de las inversiones. Por eso las corporaciones harán bien en medir con tiento esta imposición a las empresas, verdaderas creadoras de empleo y, por tanto, de riqueza para los municipios en que están instaladas.