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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Un gravamen de eficacia dudosa

Casi mes y medio después de que en plena tormenta de deuda pública la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Nicolas Sarkozy anunciaran su intención de impulsar un tributo sobre las transacciones financieras, la Comisión Europea ha decidido recoger el testigo. En un discurso trufado de amplias dosis de oportunidad política, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, presentó ayer el proyecto de directiva que gravará las transacciones financieras como una cuestión de "justicia social". Bruselas impulsa así un impuesto inspirado en la denominada tasa Tobin -diseñada en 1972 por el economista y premio Nobel del mismo nombre y de la que él mismo ha renegado en alguna ocasión- con el objetivo de contribuir a alimentar las castigadas arcas de las Haciendas europeas. El proyecto contempla un gravamen de al menos el 0,1% sobre cada una de las partes que intervengan en una compra o venta de acciones (esto es, un 0,2% en total) y del 0,01% (0,02% en total) en aquellas operaciones con derivados financieros (futuros, opciones, swaps, CDS, etc.). Con ello, Bruselas espera recaudar 57.000 millones de euros al año.

Más allá de consideraciones políticas, la iniciativa aprobada ayer nace acompañada de considerables dudas. La primera de ellas es el hecho de no haber esperado a recabar el respaldo del G-20 y de contar, por el contrario, con una más que firme oposición por parte de Londres. El apoyo del eje franco-alemán hace que desde Bruselas no se descarte la posibilidad de circunscribir finalmente la iniciativa solo a la eurozona. Ello no haría otra cosa, sin embargo, que agudizar uno de los grandes defectos de que adolece el proyecto: el hecho de someter a gravamen las transacciones financieras en una determinada región económica, con el riesgo de deslocalización que ofrece un mercado que ya es global.

Pese a que la Comisión Europea ha minimizado ese peligro -en parte porque el tipo de imposición es bajo y en parte porque el texto prevé que las entidades tributen en su país de origen con independencia del mercado en el que operen- también ha reconocido que el nuevo tributo reducirá el número de operaciones y pasará factura a la economía europea, aunque a priori el impacto pueda ser mínimo. A ello hay que sumar que en último término el peso de la tasa Tobin no está destinado a recaer sobre sus destinatarios naturales -las entidades financieras-, sino sobre el bolsillo de los consumidores. Cierto, como apunta la Comisión, que el 85% de las operaciones sometidas al gravamen se realizan entre las entidades financieras. Pero cualquier incremento en los costes operativos de una entidad se trasladará probablemente a sus clientes finales, máxime en un contexto económico profundamente adverso y con el sector inmerso en un complicado proceso de recapitalización. Una circunstancia que no solo se aleja de la "justicia social" a la que aludía ayer el presidente de la Comisión, sino que contribuirá a agravar todavía más los problemas de flujo del mercado de crédito que ahogan a buena parte de las economías de la zona euro e impiden poner las bases de un futuro crecimiento.

Es indiscutible la indudable necesidad de que el durísimo esfuerzo de consolidación fiscal que están llevando a cabo los Estados europeos se reparta de forma ajustada y equilibrada entre los distintos agentes y sectores de actividad. De acuerdo con ello, cualquier medida adoptada con este objetivo debe ser valorada con criterios de estricta eficiencia económica y prescindir, por el contrario, de cualquier tentación de carácter populista. Desde Bruselas se aludía ayer con euforia al hecho de que si esta medida sale adelante finalmente, Europa se pondrá a la vanguardia del mundo en la implementación de este tipo de gravámenes. En el marco de un creciente desencuentro en las relaciones entre Europa y Estados Unidos, la Comisión Europea haría muy bien en hacer el menor alarde posible de criterios de innovación en materia impositiva y más de eficiencia y coordinación a la hora de diseñar unas políticas cuyo impacto es ineludiblemente global.

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