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Tribuna
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La gran herencia económica

El ex presidente del Gobierno español, José María Aznar, publicó hace unos días un artículo en The Wall Street Journal en el que hace un análisis de la situación económica española. Su valoración se aleja mucho de algunos consensos generales en los que podemos coincidir bastantes economistas. Si tratamos de identificar los orígenes directos de la grave crisis económica real que atraviesa España, podemos afirmar que es el resultado de la combinación de tres factores: una crisis financiera mundial (con efectos sobre el sistema financiero mucho menores en España que en Estados Unidos y otros países europeos); un proceso macroeconómico de ajuste fiscal, que ha revertido la respuesta inicial de aumento del gasto público frente a la crisis real iniciada como consecuencia de la anterior (ajuste acordado en el seno de la UE y similar al aplicado por otros socios comunitarios); y una crisis en los mercados de deuda soberana europea, derivada de la situación de elevado déficit y endeudamiento público de Grecia e Irlanda (muy superior al de España, que es similar o mejor a la situación de Italia, Reino Unido o Francia). La inestabilidad actual de los mercados de deuda se debe en última instancia a la pérdida de confianza de los inversores en la capacidad de Europa en su conjunto de superar esta crisis global y retomar la senda del crecimiento.

Sin embargo, en opinión de Aznar, el origen de la crisis de España tiene otros motivos y "se remonta a 2004, cuando se tomó la decisión política de abandonar el proceso modernizador que la sociedad española inició hace más de 30 años… Hace solo seis años, España creaba seis de cada diez nuevos puestos de trabajo en la zona euro, las cuentas del Gobierno registraban superávit, su stock de deuda pública decrecía rápidamente y sus multinacionales se extendían por toda Europa, Latinoamérica y Estados Unidos."

Estas frases suenan a las quejas del abuelo de aquella familia rica del pueblo que, pasados 30 años, acusa a sus nietos de no haber sabido gestionar el enorme patrimonio que él les dejo en herencia: huertas y tierras de labor altamente productivas que hoy no generan rentas suficientes ni para mantener a la familia. ¿Quién se equivocó, el abuelo que invirtió todo su capital en adquirir terrenos, o los hijos y los nietos que los abandonaron y se fueron a trabajar a la industria y los servicios? El riesgo de no tener la visión suficiente para anticipar los cambios económicos estructurales es que las grandes herencias pueden ser inútiles, o incluso contraproducentes.

La España de principios del siglo XXI iba bien, o quizá no tanto. Es cierto que a principios de esta década creábamos mucho empleo, más que otros países europeos, pero pasados diez años comprobamos la debilidad de aquellos empleos, gran parte de ellos de tipo precario, que por efecto de la crisis económica se han destruido con la misma rapidez que se generaban. Hay que examinar también en qué sectores se creaba todo ese empleo: actualmente todos los analistas coinciden en señalar que fue un claro error basar el crecimiento español en seguir construyendo viviendas a ritmo frenético y ampliando las infraestructuras públicas más allá de los niveles deseables. No era este el proceso modernizador que necesitábamos.

Y no solo el sector de la construcción es el responsable de la crisis actual: si examinamos los datos de la productividad en España podemos afirmar que no es cierto que los problemas económicos actuales se hayan gestado desde 2004, sino desde los años 90 cuando nuestra productividad comenzó a estancarse y a estar por debajo de la media europea (que es además inferior a la de Estados Unidos). Un crecimiento apoyado en sectores de baja productividad y una financiación exterior abundante y barata fue lo que permitió generar el "milagro español" del que ahora presume Aznar. España crecía más que sus socios comunitarios y creaba muchísimo empleo, a la vez que era incapaz de corregir un permanente diferencial de inflación que iba deteriorando nuestra competitividad, y se iba generando el nivel de endeudamiento privado que nos ha llevado a la posición actual.

Por tanto, si se evalúan de forma objetiva las verdaderas causas que están en la raíz de la crisis de la economía española, hay que remontarse a bastante más atrás que 2004, y debemos buscarlas en una amplia fase de ciclo económico favorable que no ha sabido aprovecharse correctamente. Los recursos externos de los fondos comunitarios había que haberlos empleado no solo en construir carreteras y AVE sino en otro tipo de inversiones con mayor potencial productivo. La política de I+D+i tenía que haberse reorientado antes, para concentrar esfuerzos en promover aquellos sectores con mayor potencial para España. En el mercado de trabajo tenían que haberse realizado antes reformas que permitieran crear empleos de mayor calidad y con mayores incentivos para la formación y aumento de la productividad.

Todo esto hubiera constituido una verdadera apuesta modernizadora para la economía española, y no haber seguido fomentando el crecimiento rápido en un país que construía 800.000 viviendas al año. Si de algo se puede acusar a la política económica de los Gobiernos de Zapatero es de no haber tenido el suficiente ímpetu o el suficiente tiempo antes de la crisis global para corregir los graves problemas de base que lastran a la economía española desde los años 90, a pesar de haberse iniciado desde 2004 cambios orientados a esa transformación del modelo de crecimiento.

Si queremos resumir en una sola imagen la gran herencia económica que nos dejó Aznar en España nos puede servir esta: un tren de alta velocidad circulando en dirección contraria a la que debíamos ir, y que se nos ha parado en seco al primer cambio de ciclo económico. Y los dirigentes del Partido Popular deberían diseñar con más cautela su estrategia de desgaste a corto plazo al Gobierno de España, porque sus campañas de desprestigio de la política económica del país, o sus dudas sobre nuestras estadísticas oficiales, lanzadas en medio de la crisis que atravesamos pueden causar a medio y largo plazo enormes daños económicos para los ciudadanos y las empresas españolas.

Jesús Caldera. Vicepresidente ejecutivo de la Fundación Ideas

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