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Columna
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El Gobierno frente a los agentes sociales

Las diversas crisis económicas padecidas por la economía española han forzado a acometer múltiples reformas laborales, cuya efectividad siempre acaba mermada por la propia estructura productiva y el ciclo. Desde el inicio de las modificaciones, allá por 1984, se han sucedido cambios en casi todas las esferas, que han ido parcheando el origen del Estatuto de los Trabajadores. El resultado en términos regulatorios, y eso sí que es una rémora, es un conjunto de textos refundidos, una gran maraña de tipología de contratación, un conjunto de bonificaciones que nadie estudia su viabilidad y una gran segmentación del mercado laboral, ente fijos y temporales.

Desde una óptica macroeconómica, el principal problema es el desempleo, con más de 5 millones de desempleados, pero también el enorme stock de trabajadores/as en la economía sumergida y la pérdida progresiva de poder de negociación por parte de los trabajadores, como lo muestra la reducción de la participación salarial en la renta nacional. La aproximación a su posible mejora, y especialmente la reducción de la volatilidad a lo largo de los ciclos, se centra en identificar la correlación entre estructura e instituciones del mercado laboral y la evolución del empleo, visión más neoclásica, o entre la evolución de la demanda efectiva y su impacto en el empleo.

La mayor parte de las reformas llevadas a cabo en los últimos años muestran que la filosofía imperante ha sido la primera, es decir, todas las reformas han tenido su base en la teoría de la oferta neoclásica del mercado laboral, tendentes a remover obstáculos para la salida y entrada del mercado, reducir salarios, prestaciones o costes de despido. Por supuesto que todavía no se ha llegado al óptimo neoclásico, que aboga por una negociación laboral individual, costes de transacción nulos y flexibilidad máxima en tiempo de trabajo y entrada y salida del mercado. Esto implicaría que el poder de negociación del factor trabajo tendería a cero.

Esta lucha, que tiene también un componente ideológico, se está trasladando al ámbito de la negociación colectiva, último reducto donde todavía hay poder de negociación en el factor trabajo. Lo curioso es que aquí, las partes involucradas están desoyendo los múltiples mensajes, eso sí confusos e incongruentes, del ejecutivo y sus lobbies adyacentes. Así, los sectores del metal, construcción o química han llegado a acuerdos que priman la negociación colectiva a nivel sectorial y provincial, algo que prácticamente se está extendiendo entre todos los convenios firmados hasta este momento. Estos acuerdos alcanzan a más de tres millones de trabajadores y muestran una característica interesante, y es que casi el 70% de las empresas tienen menos de cinco trabajadores asalariados, lo cual da idea de la relevancia de este tipo de negociación colectiva.

La idea tan peregrina de negociar los salarios dentro de la empresa, pero las condiciones de trabajo dentro del ámbito sectorial o provincial, dejaría completamente inermes al conjunto de asalariados. Otras facetas acordadas, que también contradicen las tesis neoclásicas del Gobierno actual del Partido Popular, son los acuerdos para subidas salariales, que van del 1% al 1,5% en estos sectores, pero sí se están introduciendo de forma progresiva otros indicadores de indiciación salarial, como la productividad.

Lo que demuestra es que esta fórmula de negociación, que se denomina monopolio bilateral formado por las cúpulas empresariales y sindicales, tiene márgenes de mejora bilateral en empleo y salarios, y que por tanto son explotadas para que ambas partes ganen en un contexto de juegos cooperativos. La importancia de este conjunto de acuerdos es que los agentes, negociando en plena libertad, son capaces de maximizar el bienestar de los actores mucho más que siguiendo el juego de intereses personales o las consignas de algunas patronales que vician el debate en función de una concepción del mercado laboral exclusivamente como mercancía.

Esto también demuestra que existe una cierta diferencia de criterio entre la industria, más expuesta a la competencia internacional, y los servicios, especialmente hostelería y comercio, donde las barreras a la entrada y el monopolio espacial les otorgan un poder de negociación muy grande.

En suma, los agentes sociales están demostrando responsabilidad y estos acuerdos también revelan las preferencias de las partes involucradas, sindicatos y patronales de los sectores más punteros del país. Algunos plantean una alternativa, que sería un modelo de relaciones laborales como el de las empleadas de hogar, es decir, plena disponibilidad horaria, salarios negociados de forma individual, despido cuasi nulo, sin costes por enfermedad en caso de bajas y plena flexibilidad de entrada y salida.

Lo que sí parece cada vez más claro es que la volatilidad en el mercado laboral tiene más que ver con la estructura productiva y la demanda efectiva que con el entramado regulatorio o institucional del mercado laboral.

Alejandro Inurrieta. Director ejecutivo de Inurrieta Consultoría Integral

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