Tiene razón José Luis Rodríguez Zapatero. La orden de que la central nuclear de Garoña cierre en 2013 no contenta a nadie. Pero es que además molesta a todos. Aunque quiera vestirlo de otra forma, el Gobierno no ha decidido. Se ha limitado a aplazar el debate y no ha despejado las dudas sobre la política energética de España. Desde estas páginas hemos defendido la continuidad 10 años de la central porque, según el CSN, es segura. Pero entendiendo a la vez una clausura por razones políticas, no técnicas ni económicas. Los cuatro años de renovación -dos de aplazamiento sobre los 40 de vida útil- no son un mensaje claro. Ni tampoco el que dejaron ayer los ministros de Industria y Trabajo al anunciarlos. ¿Habrá más Garoña después de esos dos años de prórroga? El Gobierno ha conseguido que hoy nadie lo sepa. Es probable que ni el mismo Ejecutivo. El calendario prevé elecciones en 2012. Si el PSOE sigue en el Gobierno, puede encontrar un ambiente nuclear más proclive; si lo hace el PP, es previsible que Garoña siga. El Gobierno ha puesto a lo nuclear el sello de la incertidumbre. Un marchamo, hermano de la inseguridad jurídica, nefasto en la energía. El año que viene finaliza la autorización a otros tres de los ocho grupos nucleares (Almaraz I y II y Vandellós II). Tampoco acaban su vida útil. ¿Qué lógica aplicará el Gobierno entonces?