Todos preferimos solucionar nuestros problemas con nuestros propios medios, sin solicitar ayuda. Pero cuando se tiene un problema y se puede resolver, aunque para ello sea necesaria ayuda, y cuando los que te pueden echar una mano están dispuestos a ello, no solicitar la asistencia es una actitud equivocada. En estas situaciones, la estrategia acertada es reconocer la debilidad y aceptar el apoyo. Este es el caso de España. No debe caber duda de que solicitar la asistencia financiera para recapitalizar una parte de nuestro sistema bancario es una noticia positiva. Es un paso más para dejar atrás la crisis económica. No es, también debemos reconocerlo, el punto de inflexión del ciclo. Porque recapitalizar a algunas entidades financieras no va a implicar la activación automática del crédito; sí evitar un credit crunch adicional. Para que la financiación a las familias y a las empresas vuelva a crecer, antes será necesario depurar los excesos del pasado, entre ellos, precisamente, un sobre apalancamiento.
Tras dos o tres años de proceso de purga, podemos decir que se ha avanzado en la mejora de los ratios de solvencia del conjunto del sector, pero en mayor medida por la caída del denominador, es decir, de los activos ponderados por riesgo, que por el numerador, los fondos propios, cuyo aumento, aun relevante teniendo en cuenta el entorno de recesión económica, es insuficiente, al menos en un porcentaje de entidades financieras, para hacer frente al repunte de la mora. Y es obvio que, si no se consigue ese capital, en próximos meses asistiríamos a una restricción crediticia adicional, intensificando, de facto, el sesgo restrictivo de la política monetaria.
Con una política fiscal también restrictiva, un sector exterior que acusa ya la debilidad de nuestros principales socios comerciales, una moneda sobrevalorada y los principales componentes de la demanda interna (consumo de las familias y construcción) en una necesaria contracción, todo apunta a que los esfuerzos por mejorar la solvencia del sistema bancario español pasarían por los activos ponderados por riesgo, lo cual incidiría en la intensidad de la recesión económica.
Apoyar a las entidades financieras que necesitan capital no debe considerarse un rescate a los banqueros, ni siquiera a los accionistas de los bancos (que en varios casos han perdido una parte muy significativa de su inversión), sino al conjunto de la economía, evitando un mayor credit crunch, y a los ahorradores, garantizado sus depósitos. Rescatando a los bancos se está rescatando a las personas, en su doble acepción, como ahorradores y como trabajadores/parados interesados en una recuperación de la actividad económica. Por lo tanto, debe valorarse de forma favorable el rescate a la banca española, porque sus efectos positivos (o conseguir evitar los negativos) implican a la práctica totalidad de los agentes económicos. Además, el importe de la asistencia financiera es lo suficientemente elevado para cubrir las necesidades que han revelado las consultoras internacionales, y que aun en el escenario de mayor estrés, se situarían por debajo de esos 100.000 millones de euros. Es decir, se podría contar con un colchón de protección adicional por si el ciclo económico prolonga su recesión.
Faltan por saber parámetros relevantes de la línea de crédito, como su plazo, que podría ser hasta de 30 años (es la flexibilización que ha conseguido Grecia tras la reestructuración de su deuda), es decir, superior periodo medio de las ayudas concedidas hasta el momento a Irlanda de 9,8 años y a Portugal de 11,6 años. En cuanto al coste, también se pueden manejar cifras favorables. Todo apunta a que el tipo de financiación del FEEF/MEDE (similar al del Tesoro de Francia) podría ejercer de suelo, al que habría que sumarle un diferencial por costes operativos. Por lo tanto, el coste podría situarse en el rango 3%-4%, que, en condiciones normales, sería inferior al crecimiento del PIB nominal, por lo que no implicaría un aumento del nivel de deuda pública.
Otro aspecto relevante aún pendiente es el grado de prelación. El MEDE tendrá un carácter preferencial frente a los bonistas séniors, lo que lleva aparejada la subordinación de la deuda pública en manos de agentes privados, algo que no ocurre con el FEEF. No tiene por qué ser un punto negativo, siempre que sirva para mejorar la senda de sostenibilidad de las cuentas públicas. En este punto, el rescate supondrá la traslación directa al nivel de deuda pública por el importe solicitado, ya que el FROB consolida como deuda del Estado. En este sentido, el incremento máximo del ratio de deuda sobre PIB podría ser de hasta 10 puntos porcentuales por este concepto, una cifra asumible (en AFI estimamos un ratio deuda/PIB para final de año sin incluir este efecto del 74,5%).
En cuanto al impacto sobre el déficit, consideramos que no lo tendrá, al menos de forma directa. Probable efecto, no obstante, derivado de las necesidades adicionales de pago de los intereses sobre el crédito dispuesto en la línea concedida por el Eurogrupo. En este sentido, el impacto en déficit dependerá fundamentalmente de la capacidad para que las entidades recapitalizadas generen beneficios y del instrumento mediante el cual el FROB entre en el capital de las entidades (acciones o cocos).
Respecto a las condicionalidades del rescate, entendemos que las habrá (lógicamente, solo a las entidades que capten recursos propios): venta de activos, reestructuración, política de dividendos y de remuneración, etc. En cuanto al sector público, sin condicionalidad explícita, pero sí implícita: seguimiento por parte del Eurogrupo de los progresos en las reformas estructurales, así como del cumplimiento de los objetivos de déficit público.
En conclusión, con el rescate a unas cuantas entidades financieras españolas se reduce uno de los principales focos de incertidumbre que pesaba sobre la economía española en los últimos meses: la capacidad del Tesoro para financiar las necesidades de recapitalización bancaria. Sin embargo, no se eliminan los problemas subyacentes: condicionalidades estrictas en un contexto de desaceleración económica y circularidad negativa entre riesgo soberano y bancario. Este proceso es una vía para comprar tiempo mientras se avanza en el saneamiento del sector y la reconducción de los desequilibrios internos.
David Cano Martínez. Socio Director General de Afinet Global EAFI. Analistas financieros internacionales (AFi)
