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Columna
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El futuro del sector financiero

Las nuevas medidas financieras aprobadas por el Gobierno siguen, a pie juntillas, las demandas del Memorándum de Entendimiento que se impuso a España al solicitar el rescate financiero. Forman parte de esas condiciones, por ejemplo, la reordenación de las competencias de supervisión y sanción a favor del Banco de España. Al igual que la creación del banco malo, el refuerzo del instituto emisor en la determinación de los precios de los activos tóxicos que han de integrarse en su balance o la utilización del precio de mercado para la valoración de los inmuebles en las carteras de la banca. Igualmente, la inclusión de otros activos no inmobiliarios entre aquellos que pueden ser adquiridos por las entidades de gestión de activos es condición europea, al igual que el considerar la posible liquidación de algunas entidades como salida a situaciones insostenibles. Finalmente, y ahí es dónde más duele, el uso del FROB como mecanismo de canalización de los recursos europeos y, por tanto, el cómputo del préstamo como deuda pública española ha sido, también, una imposición europea.

Con esta quinta reforma, en pocos años el panorama financiero español ha dado un vuelco espectacular. Lo más llamativo de ese proceso es lo rápido que la crisis ha ido engullendo deseos de cambio que, ahora, se antojan totalmente fuera de lugar. ¿Qué pasó con las fusiones frías? ¿Dónde están los créditos, convertibles en acciones, del primer FROB? ¿Dónde las draconianas condiciones para que las instituciones con problemas fueran al mercado a capitalizarse -recuérdese Bankia-, o aceptaran la intervención del FROB?

Ahora que estamos de estreno con esta nueva reforma financiera, conviene recordar que el primer decreto Guindos de febrero pasado se presentó como el culmen del rigor y la dureza, una dureza que iba a solventar los problemas del sector financiero español y la desconfianza internacional que generaba. No pasaron ni cuatro meses cuando la segunda reforma Guindos significó una nueva vuelta de tuerca en la provisión de activos de dudoso cobro y/o realización. Y no transcurrieron ni dos meses más hasta que España tuvo que pedir el rescate bancario a la UE. Y con él, el nuevo decreto que ayer vio la luz. El despliegue legislativo de los últimos dos años es el reflejo de la profundidad de los problemas con los que España se adentró en la crisis financiera internacional, con un volumen de deuda privada que jamás debimos consentir acumular. El colapso de los mercados y, en especial, la reconsideración del riesgo de inversiones que, en los dos mil, se consideraban seguras, fue yugulando el flujo de crédito exterior sobre el que el país había construido su expansión (entre 1998 y 2008, la deuda bruta exterior de España aumentó de los 0,4 a los 2,4 billones de euros, y la neta de los 150.000 a los 850.000 millones). Al mismo tiempo, el desarrollo de la crisis económica fue socavando la solvencia de parte del crédito interno, deteriorando los balances de las instituciones financieras y, con ello, reforzando la desconfianza sobre el país y su sistema bancario. Finalmente, la caída del crédito, inevitable en un país excesivamente apalancado, está reforzando, y reforzará en el futuro, la recesión.

Tomen, como ejemplo de lo que nos aguarda, las reducciones crediticias que hay que efectuar en los próximos años. A finales de 2011, el peso de España en el PIB de la eurozona se situaba en el 11,8%, mientras que el crédito interno al sector privado suponía más del 16,5% del concedido por toda la Unión Monetaria. Regresar al valor que nos correspondería por aporte económico significará, en los próximos años, una reducción del saldo de crédito a hogares y empresas cercano a los 500.000 millones de euros, desde los 1,8 a los 1,3 billones, si es que nuestro PIB no crece más que de la eurozona. Es indiferente que esa reducción sea bien por créditos que se amortizan con cargo a la renta española, bien por venta de activos en el exterior, o bien por morosidad transformada finalmente en pérdidas. La cuestión es que ese despalancamiento va a tener lugar sí o sí. Por tanto, en los próximos años vamos a contemplar un crédito muy selectivo, y una marcada reducción absoluta. No hay otra salida.

Ello es importante para los cambios financieros recién aprobados. Porque sugiere que el crecimiento económico de los próximos años, base fundamental de su éxito, va a ser reducido en el mejor de los casos. Y con ello puede reforzarse el círculo vicioso de caída del crédito-recesión-pérdidas bancarias-mayor constricción crediticia-mayor recesión. La nueva reforma es, ciertamente, valiente. Y ataca los problemas actuales con decisión. Pero es posible que no baste para lo que nos aguarda. Desapalancarse es siempre un camino muy doloroso. No vamos a ser una excepción.

Josep Oliver Alonso. Catedrático de Economía Aplicada (UAB)

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