El gobernador saliente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, volvió a repetir ayer, en la toma de posesión de su sucesor, Luis María Linde, el valor de la independencia para poder ejercer la labor de la institución. Un valor que si ha estado obstruido en el pasado, podría estar definitivamente desterrado en el futuro. Tras el rescate de las instituciones financieras fallidas, la política bancaria europea dará un paso más hacia la integración, que se está ensayando precisamente en suelo español y que supone, al menos sobre el papel, una pérdida importante de autonomía nacional en materia inspectora y supervisora. El Banco de España se limitará en adelante a proporcionar los medios técnicos y a poner a sus profesionales al servicio de ese supervisor europeo que tendrá potestad al menos sobre las 50 entidades sistémicas más grandes de la zona euro. Pero ceder soberanía no libra a la institución de la labor que le encomiende el Banco Central Europeo (BCE), y que hará con menos tensiones si logra alejar toda presión política del pasado. La recuperación del consenso político para gobernar la institución es un activo imprescindible para reforzar la profesionalización, recomponer el prestigio que nunca debió perder y proyectarlo sobre el conjunto del sector financiero.