El desmesurado atasco de causas civiles y mercantiles que arrastra la justicia (3,5 millones) constituye un lastre silencioso de extraordinaria gravedad para la economía española. A falta de presupuesto para aumentar las plazas judiciales, la potenciación de las fórmulas de solución extrajudicial de conflictos aparece como la única vía para resolver un estrangulamiento que se ha convertido en crónico. No es de extrañar, por tanto, que entre las primeras medidas de reforma previstas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, figure un mayor impulso al arbitraje y la mediación. La regulación del primero, aprobada en 2011, permitía al colectivo de notarios dirimir conflictos extrajudiciales. A ello se sumará ahora la futura normativa de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que no solo permite a estos fedatarios ejercer esta función, sino que obliga a elevar a escritura pública todas las resoluciones. Como consecuencia de ello, el Colegio de Notarios de Madrid ha creado la Fundación Signum, su propia corte de arbitraje y centro de mediación. Será un balón de oxígeno para estos fedatarios, cuya facturación ha caído hasta un 70% en algunas zonas por causa de la recesión, y constituirá un modo de aprovechar su sólida formación jurídica en beneficio del mercado. Ambas son buenas noticias.