El diálogo social que arranca en septiembre incluirá una mesa para estudiar la modernización del sistema de Formación Profesional en su conjunto. Es una reforma necesaria y sería un error que el Gobierno fuese cicatero a la hora de asignar dotación presupuestaria para ello. La formación -secundaria, profesional o universitaria- es un eslabón en la cadena productiva de un país que puede mermar el vigor empresarial o, por el contrario, convertirse en un pulmón competitivo. Nadie duda de ello, pero una y otra vez queda patente que España tiene serias deficiencias educativas. Y no sólo si se compara con países del entorno europeo, sino incluso con otras zonas supuestamente menos avanzadas. Los estudiantes del presente son los trabajadores y los empresarios del futuro y ellos, y sólo ellos, conseguirán que España pueda mantener un sistema productivo eficiente.

Los agentes sociales (sindicatos y patronal) y el Gobierno tienen como objetivo prioritario en la mesa que debatirá sobre la formación profesional reglada prestigiar unos estudios poco valorados por el conjunto de la sociedad. Incluso en algunos casos, hasta denostados por el colectivo educativo, que ve en la FP el hermano pobre frente al Bachiller y la Universidad. Así se entiende que muchos de los estudiantes elijan la Formación Profesional no por vocación, sino porque la consideran un camino más fácil. Hay que romper estos tópicos y conseguir que la FP tenga el suficiente atractivo para ilusionar al alumnado.

Pero mejorar la imagen de la FP no es el único reto: tanto o más importante es aumentar su calidad. Eso supone ajustar los estudios a las necesidades de las actividades más demandadas en el mercado laboral actual y futuro. E, igualmente, preparar a los futuros trabajadores en los sistemas productivos más avanzados. Eso exige inversiones en personal educativo cualificado y en dotaciones de última generación. Por eso, la reforma debe incluir una memoria económica que garantice una formación acorde a la octava potencial económica mundial que es España.