La energía solar fotovoltaica viene creciendo en todo el mundo a un ritmo del 60% anual desde 2005. En estos años, la potencia instalada ha pasado de 5.000 MW a 70.000 MW. Ninguna otra tecnología de generación ha crecido nunca tan rápidamente, y debe tenerse en cuenta que la fotovoltaica ha conseguido este hito en un contexto de crisis económica. Hoy son numerosos los países que apuestan fuertemente por la fotovoltaica como una fuente de energía de referencia: China, India, Japón, EE UU, Alemania, Italia, Chile, Sudáfrica… Lamentablemente, no es el caso de España.

Este espectacular crecimiento ha venido acompañado de una no menos espectacular reducción de costes, del orden del 80% desde 2005, conseguida gracias a una intensiva inversión en I+D+i y a las economías de escala de la industria, que ya tiene un tamaño muy considerable; por poner un ejemplo, las soldaduras de los paneles consumen el 18% de toda la producción mundial de plata.

Esta evolución industrial y tecnológica, comparable a la experimentada por la telefonía móvil o la microelectrónica -con la que comparte la materia prima, el silicio-, ha cambiado el enfoque del despliegue global de la energía solar: la Agencia Internacional de la Energía ha pasado de considerarla marginal a afirmar que las distintas tecnologías solares pueden cubrir un tercio de la demanda de energía del planeta a mitad de siglo.

Sin embargo, en España, la percepción que se tiene de la fotovoltaica está anclada al pasado, al boom que se produjo en 2008. Por ejemplo, es muy frecuente escuchar que cuesta 450 euros por MWh -el precio que tenía entonces-, cuando en realidad ya cuesta menos de 120 euros por MWh y sigue bajando. Ello no obsta para que el boom -se instaló 10 veces más potencia de lo previsto- conlleve una carga económica para el sistema eléctrico. En aquel momento los costes eran los que eran y la iniciativa privada actuó de acuerdo con las reglas establecidas.

Puestos a buscar culpables, habría que señalar a la deficiente regulación, incapaz de adaptarse al desarrollo de la tecnología solar, y a la mala gestión de la Administración. La situación guarda cierto paralelismo con la moratoria nuclear de los años ochenta.

En fin, el asunto es que la fotovoltaica está pagando con creces los errores ajenos. Ya en 2009, con una nueva regulación, el mercado se derrumbó -se pasó de instalar 2.700 MW a menos de 20 MW- y afloraron denuncias de fraudes masivos que, tras llenar titulares, han quedado en prácticamente nada: la célebre producción solar nocturna en realidad se debió a errores de medición, y las plantas asignadas a regímenes económicos que no les correspondían solo eran el 0,7% del parque total.

Sin embargo, esas acusaciones -y las constantes declaraciones peyorativas de aquellas empresas que se ven amenazadas por el auge de la fotovoltaica- han creado en una parte importante de la sociedad un concepto equivocado y negativo de la energía solar. Además, han servido para justificar un trato discriminatorio y la aplicación de normas retroactivas.

Corría la Nochebuena de 2010 cuando el Gobierno anunció el Real Decreto-Ley 14/2010, con medidas para atajar el déficit de tarifa. Un 60% del ajuste económico exigido a todo el sector eléctrico recayó sobre la fotovoltaica, que vio cómo la retribución de las instalaciones disminuyó un 30% hasta 2013 inclusive -unos 740 millones anuales- y un 10% a partir de ese momento y durante sus 30 años de vida útil, de acuerdo con los datos del propio Gobierno. Ninguna otra tecnología soporta un recorte similar.

Paralelamente, la dificultad de acceder al crédito por la crisis y la pérdida de confianza de los inversores -hay varios litigios en cortes de arbitraje internacional contra el citado recorte por su retroactividad- ha hecho que el mercado nacional opere a ralentí: desde 2009 el Gobierno ha adjudicado 1.500 MW, pero se han ejecutado menos del 50%. Las empresas que han podido han saltado al extranjero y centran allí su actividad.

Con este panorama, el pasado mes de febrero se aprobó la moratoria renovable. La tecnología más afectada ha sido la fotovoltaica, porque, a diferencia de lo que ocurre con otras fuentes limpias, sufre la paralización desde este mismo 2012. Como alternativa a la moratoria, el Gobierno está trabajando en una normativa sobre autoconsumo y balance neto -con los costes actuales, a los consumidores puede rentarles producirse su propia energía eléctrica con fotovoltaica-, pero, aunque debía de haber visto la luz en abril, no acaba de llegar.

Y ahora, con la inminencia de nuevas medidas para racionalizar el sistema eléctrico y reducir el déficit de tarifa, surgen informaciones periodísticas sobre la posibilidad de que se aplique una tasa elevada a la generación fotovoltaica. Si, finalmente, esa medida entra en vigor, las instalaciones -que, tras el ajuste de 2010, ingresan lo justo para devolver los créditos o dan pérdidas hasta 2014- entrarán en suspensión de pagos.

Si ese escenario se hace realidad, los inversores nacionales e internacionales verían traicionada nuevamente su confianza en España, precisamente en un momento en que el país necesita transmitir confianza a los mercados. Además, el problema se trasladaría a las entidades financieras, que tienen unos 20.000 millones de euros en créditos a la fotovoltaica, muchos de los cuales se han tenido que renegociar tras el ajuste de 2010. Dos tercios de esa cantidad corresponden a la banca nacional.

La fotovoltaica quiere contribuir a solucionar el grave problema del déficit de tarifa. El sector está dispuesto a asumir un recorte lineal y equitativo para todas las tecnologías de generación, pero siempre que se deroguen las medidas aprobadas por el anterior Gobierno. Un ajuste adicional, que haga abstracción del pasado reciente, nos condena a la insolvencia.

La fotovoltaica es la renovable eléctrica que más empleo genera, y globalmente ya ocupa a más de 800.000 personas. En España teníamos una de las industrias más punteras del mundo, pero la constante contracción del mercado nacional le pasa factura: de los 60.000 empleos directos de 2008 quedaban unos 10.000 a inicios de año, y al final del ejercicio, sin más ajustes, solo con la moratoria, serán 5.000.

España, el país del sol, está perdiendo totalmente la senda del desarrollo fotovoltaico internacional. Todavía hay opción de retomarla, pero otro golpe más sería terrible; para nosotros y para la confianza de los inversores en el país.

Jorge Barredo. Presidente de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF)