Recientemente, Joaquim Ventura, Secretario de Estado de Energía de Portugal comentaba "nosotros no somos España. Portugal cumple lo que promete a los inversores".

La cita viene a colación de la propuesta de UNESA de quebrar totalmente la seguridad jurídica de la fotovoltaica. Según la patronal eléctrica, como los costes de la fotovoltaica han bajado mucho en los últimos años, no debemos pagar las cantidades comprometidas cuando la tecnología solar estaba madurando, los precios eran más altos y se necesitaban incentivos para atraer la inversión.

O sea, rompamos el contrato firmado en su día, no te pago lo acordado y punto; sin consideración por los afectados, sean éstas personas físicas que se arruinen, o fondos internacionales cuyo malestar les lleve a retirarse de España y a deteriorar más nuestra maltrecha economía.

La propuesta es aún más insólita viniendo de donde viene, pues se puede establecer un claro paralelismo entre la situación de la fotovoltaica y la de otros ámbitos del sector eléctrico. Por ejemplo, en los años 80, el Gobierno estableció la moratoria nuclear, y, desde entonces, todos los españoles abonamos a las eléctricas una compensación que suma más de 2.000 millones de euros sólo en la última década. ¿Les gustaría a las empresas de UNESA que se les hubiera aplicado su tratamiento y no se les compensara por la moratoria?

Pongamos otra idea encima de la mesa: ¿por qué no subastamos la distribución? En 2006 las empresas de UNESA cobraron 3.300 millones por la gestión de las redes de baja tensión, mientras que en este 2013, con una demanda eléctrica similar, van a cobrar 5.500 millones, un 40% más. La subasta no sólo generaría ingresos, sino que, probablemente, pondría la gestión de las redes en manos más eficientes.

El trato de favor que está recibiendo la distribución y otras actividades reguladas del sistema eléctrico, en un momento de crisis generalizada, contrasta con el trato que recibe la fotovoltaica: sólo durante este 2013 verá mermada su retribución en el orden de un 40%, como resultado de la acumulación de sucesivos recortes.

Mientras los recortes a las actividades reguladas convencionales son temporales (Real Decreto-Ley 13/2012), se trasladan al consumidor a través de las ofertas al mercado (impuesto del 7% a la generación, céntimo verde, canon hidráulico...) o se contrarrestan con subidas discrecionales difíciles de justificar (la última Orden de Tarifas aumenta los ingresos regulados en 1.000 millones de euros), a la fotovoltaica se le castiga con medidas permanentes y sin compensación alguna, de un modo claramente discriminatorio.

En fin, el planteamiento del "y tú más" no es bueno. Menos aún cuando incide en un ámbito tan complejo como la energía, muy intensivo en capital, en el que las inversiones se rentabilizan a muy largo plazo. La seguridad jurídica, en energía y en cualquier sector regulado de la economía, debe salvaguardarse en el lógico devenir del marco legal.

Por ello llama la atención que desde UNESA se propongan con tanta frivolidad medidas que atentan contra la seguridad jurídica del Reino de España y que, lógicamente, también les afectan a ellas. Los grandes inversores en infraestructuras, ya sean eléctricas o de otro tipo, son los mismos, y cambiarles las reglas del juego en un ámbito concreto afecta a sus decisiones en todos los demás. Si la confianza se quiebra, es muy difícil recuperarla, como estamos comprobando ante la compleja situación del país en los mercados internacionales.

Si hoy podemos disponer de una energía fotovoltaica rentable, que no necesita ya de regímenes especiales, es porque sus costes se han reducido un 80% en los últimos cinco años, gracias a la apuesta decidida de países como España, Alemania, Italia, Francia, EE UU o Japón. No parece muy lógico querer acabar ahora con un sector que está en las mejores condiciones para aportar empleo, competitividad y garantía de suministro a la economía española. ¿O es que es eso lo que no se quiere?

Desde el sector fotovoltaico reclamamos, con las propias palabras de UNESA, que se negocie con los agentes el justo reconocimiento de sus derechos, en función de la confianza legítima que un Estado de Derecho debe preservar.

José Donoso es director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF)