La formación como derecho
El desempleo ha aumentado en agosto como viene siendo habitual en esta época del año por el fin de las actividades educativas y los contratos de verano. Ello sucede hasta en los periodos de bonanza económica. El dato ha sido mejor que el mismo mes concerniente a los dos últimos años.
Así, en los registros de los Servicios Públicos de Empleo, el desempleo aumenta en agosto (61.083) y sitúa la cifra total en 3,9 millones de desempleados, con un incremento en los últimos 12 meses del 9,3%.
Por otra parte, hace bastantes años, los trabajadores y trabajadoras de este país luchaban para conseguir que quienes quieran trabajar y no puedan estuviesen económicamente protegidos. En 1980, el 20% de las personas desempleadas recibían prestaciones por desempleo. Hoy la tasa de cobertura es del 80% (3 millones de personas). Se ha conseguido hacer realidad lo que parecía un imposible: la protección masiva de los desocupados.
No obstante, esta realidad debe hacernos reflexionar sobre si la generalización del cobro de la prestación económica por desempleo es suficiente actualmente en el contexto de las políticas de empleo.
El Servicio Público de Empleo Estatal tiene el compromiso público y político del Gobierno de dar un nivel de prestación económica y de cobertura para evitar situaciones que conduzcan a la exclusión social, en tanto una persona se encuentra en situación de búsqueda de empleo. Asimismo, en la medida de lo posible, evaluar dónde están los grados de desajuste del mercado laboral y en el menor tiempo posible (re)insertar a una persona en el mercado de trabajo, procurándoles medios y oportunidades para mejorar su empleabilidad.
Según los expertos la exclusión prolongada de los demandantes de empleo es consecuencia, principalmente, de un déficit de formación y es la variable que mejor explica el desequilibrio estructural del mercado de trabajo. Tengamos en cuenta que el primer objetivo de la política de empleo es reajustar el mercado laboral permitiendo -por la formación- mejorar la empleabilidad. Son políticas dirigidas a las personas aumentando sus competencias profesionales y su adaptabilidad al cambio profesional. Y aunque no crean empleos por sí mismas, contribuyen a facilitar el acceso al empleo disponible en mejores condiciones.
Por ello, la medida del Gobierno de reducir de 100 a 30 días el plazo en el que las personas desempleadas puedan rechazar acciones de formación cuando se correspondan con su profesión habitual o sus aptitudes formativas parece correcta y necesaria en el momento actual. Hay que procurar estar el menor tiempo posible como demandante de empleo, ya que en caso contrario se corre el riesgo de quedar obsoleto y eso requiere que disponga de cursos de formación y recualificación.
Hoy los empleos que se crean son distintos a los que se destruyen. Si queremos reinsertar a los desempleados debemos prepararlos en términos de cualificación. Por ejemplo, si hay cerca de 800.000 personas del sector de la construcción en paro será muy difícil su reinserción si no realizan una formación distinta a la que tenían anteriormente. Se debe fomentar la formación a lo largo de la vida con el fin de contrarrestar la depreciación acelerada de las competencias en periodos de rápidos cambios y las tendencias del mercado de trabajo en materia de cualificaciones y nuevas ocupaciones. El pensamiento europeo actual en materia de reformas estructurales del mercado laboral está orientado a combinar las oportunidades individuales con las responsabilidades individuales. Ello supone vincular más y mejor las políticas activas de empleo con las prestaciones de desempleo a fin de recompensar la participación activa y la búsqueda de empleo.
Las situaciones de crisis comportan cambios y dificultades, como asimismo oportunidades, que definen los vectores de la etapa de salida. Colocarnos en una posición activa nos sitúa en mejores condiciones para abordar los retos del mercado laboral. En este sentido, el desempleo es malo, pero nos da tiempo. Un tiempo que podemos aprovechar o no. Aprovecharlo bien es aprender a aprender, a cualificarse, a buscar empleo o a emprender. Según José Luis Sampedro: "Es preferible pintar, escribir o hacer mesas de pino... cualquier cosa antes que cruzarse de brazos. No hacer nada es terriblemente desmoralizador". Con todo ello, quizás nos deberíamos plantear la formación no sólo como un derecho sino también como una obligación.
Vicente Castelló. Profesor de la Universidad Jaume I