El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha presentado un informe de verano sobre previsiones de crecimiento que, al menos para España, se podría haber ahorrado. El valor de sus cálculos debe ser puesto en cuarentena, puesto que no tienen en cuenta las últimas decisiones de política económica del Gobierno, que dicho deprisa suponen el mayor ajuste fiscal de la historia de la democracia, con la movilización de 56.000 millones de euros entre el incremento de los ingresos y el recorte de los gastos en los próximos 30 meses. Los nuevos impuestos y los recortes de gasto tendrán un efecto contractivo evidente sobre la actividad económica y ningún cálculo de ninguna variable, por atinado que sea, puede hacerse sin esta consideración. Los servicios de estudios del FMI alertan de que la actividad se contraerá un 0,6% en 2013 y no se logrará cumplir el objetivo de déficit ni este año ni el próximo, y todo ello sin tener en cuenta el descomunal giro en los ingresos y pagos de la semana pasada. Teniéndolos, habrá que considerar que al menos en 2013 la contracción será muy superior, aunque este año podría limitarse al 1,5% de caída interanual del PIB que pronostica el Fondo, y que confirma una simple prolongación de los dos primeros trimestres del año a todo el ejercicio.

El valor del informe del Fondo Monetario está en las apreciaciones que hace sobre las políticas fiscales globales y la combinación necesaria de las monetarias como única solución posible para solventar la crisis global, materias en las que los gestores del fondo han experimentado una mutación vertiginosa en los últimos años, y acelerada desde que comanda la institución la exministra francesa Christine Lagarde. El FMI sigue creyendo que las economías que han experimentado incremento excesivo de sus balances y de su endeudamiento, como es el caso de España, no tienen más opción que las reducciones de costes para mejorar la competitividad y el control de sus cuentas públicas para abaratar la financiación.

Pero dado que considera que las dos grandes dificultades para la economía mundial siguen estando en la crisis de deuda europea y en el ajuste fiscal excesivo estadounidense, celebra tanto los pasos dados en la zona euro para mejorar la integración económica, monetaria, bancaria y política -aunque estima que se tardará años se cuadrar el círculo- como el mestizaje de políticas fiscales y monetarias ensayadas en EE UU, que directamente reclama para Europa.

Los expertos del Fondo imputan directamente 200 puntos de prima de riesgo a España e Italia por el simple hecho de la existencia de una crisis de deuda no resuelta y que bien podría solventar el Banco Central Europeo (BCE) con decisiones firmes de compra de títulos, tal como ha hecho Estados Unidos desde la Reserva Federal, aunque haya supuesto un incremento muy fuerte del balance del banco central norteamericano. Europa, sin embargo, no parece estar por la labor de seguir itinerario parecido. Pero esta tesis como única que logra una resolución relativamente rápida de la crisis de deuda parece que se consolida como alternativa, y parece estar en el recetario más directo de una de las instituciones más ortodoxas de la ciencia y la práctica económica, por heterodoxa que sea su aplicación.

Para el caso concreto de España tienen validez los comentarios acerca de la imposibilidad de cuadrar el objetivo de déficit de este año por el avance de la prestación por desempleo y el efecto en los ingresos de la contracción económica. A juicio del FMI, el déficit podría cerrar este año en el 7% del PIB, una reducción de todo punto insuficiente si España quiere convencer a los mercados de su capacidad para reducir ese desequilibrio que obstaculiza la financiación del Estado y de la economía.

Da la impresión de que al menos en el medio y largo plazo los planes del Gobierno en materia fiscal tienen cierta holgura si se suman los efectos de los ingresos y los pagos. Pero la dimensión de la recesión es una incógnita ahora, a no ser que ese activismo fiscal del BCE del que habla el FMI comience a aplicarse con rapidez e intensidad. Pero el Gobierno no puede aminorar la presión ni sobre ingresos ni sobre pagos, y debe exigir el mismo grado de compromiso que se aplica asimismo a cada Administración local y autonómica; sin él, bajar el déficit al 2,8% en 2014 no será posible.