El ministro de Industria, Miguel Sebastián, anunció ayer que a partir del 1 de enero de 2011, cualquier usuario de telefonía tendrá derecho a disfrutar de un mega de velocidad para acceder a internet. Con esta decisión, España se equipara a Alemania y Finlandia, aunque se queda lejos de los dos megas que garantizará el Reino Unido a sus ciudadanos. La decisión es acertada, pues es de justicia que todos los ciudadanos dispongan de un servicio de calidad. Pero además, facilitará un mayor desarrollo de determinadas zonas rurales donde se podrán impulsar negocios y servicios donde internet es imprescindible.

Sin embargo, no sobra razón a las operadoras que ayer pusieron el grito en el cielo por el coste de aumentar a un mega el servicio universal de banda ancha. Es prioritario determinar cuánto dinero implica y cómo se va a financiar. De momento, Sebastián dijo que una vez que se conozca el interés de las empresas para convertirse en operador de servicio universal convocarán concursos por zonas geográficas. Sin embargo, tendrán que calcular de antemano cuál va a ser su rentabilidad, bien directa o bien indirecta con otros servicios que puedan explotar y que les compense de los costes de prestar el servicio universal. La virtud siempre suele estar en el justo medio.