La fiesta de los registradores
Los registradores andan preparando una gran fiesta para el martes 8 de febrero. Comenzará a las 12 horas. Servirá para inaugurar la nueva sede del Registro de la Propiedad de Madrid en la calle de Alcalá, 540, con entrada por la calle Cronos. Se ha construido sobre suelo industrial pero las diligentes gestiones del compañero José Antonio Utrera han logrado la pertinente recalificación municipal. La ocasión se revestirá de solemnidad al añadirle la conmemoración del 150 aniversario de la Ley Hipotecaria, a la que se quiere sumar al rey don Juan Carlos. Pero es preciso evitar que la quema de estos fuegos artificiales tan vistosos distraiga la atención del público y pase por alto la situación de privilegio y las reformas que urge adoptar sobre los registradores.
Hubo un intento en el Congreso de los Diputados mediante una proposición no de ley promovida por el grupo de Izquierda Unida en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero fue desnaturalizada por las enmiendas transaccionales de los socialistas. Ahora, el mismo grupo quiere volver a plantear otra cuidada iniciativa parlamentaria para corregir los abusos de posición de los registradores.
Porque, en efecto, se trata de un pequeño colectivo de apenas 1.000 personas que se han instalado en una insostenible posición híbrida de funcionarios y profesionales unidos en un colegio profesional con recursos fabulosos que funciona como un poderoso lobby.
Es inaudito, por ejemplo, que hayan conseguido introducir en una modificación de la Ley Hipotecaria un artículo, el 277, donde se dispone que cualquiera que sean las circunstancias o las vacantes el número máximo de plazas que pueden convocarse en unas oposiciones para el cuerpo es el de 50.
También que de los ingresos contabilizados en los registros vacantes, el 50% sea para el sustituto y el otro 50% vaya a parar a las arcas del colegio de registradores. Véase que en la actualidad hay 1.283 registros demarcados, aparte de otros 15 pendientes de ejecución en Cataluña, y que existen 273 vacantes, es decir, un 21%. De donde se deduce que el colegio de registradores se embolsa unas cantidades ingentes sin razón alguna, cuando deberían en buena lógica ir a parar a las arcas del Estado.
Los registradores no funcionan en régimen de competencia, no pueden ser elegidos por el usuario, cuya única opción es acudir al que territorialmente le corresponde como sucede con el juez natural. No hay competencia pero hay arancel. Los registradores han puesto a su nombre una función pública, la del registro, y la explotan en su beneficio particular.
Los defensores de este sistema que es único en todo el mundo alegan la eficiencia del sistema y el coste cero para el erario público. Dicen además que el registro ha tenido la virtud de atraer a sus filas a los mejores estudiantes de nuestras facultades de Derecho. Entonces lo que procedería es cambiar la anterior aproximación crítica y, una vez averiguadas las ventajas, proceder a generalizar esta anomalía haciendo lo mismo, por ejemplo, con los jueces, para empezar.
En el blog Nada es Gratis, Rodrigo Tena ha publicado un análisis de la liberalización de las profesiones reguladas donde trata de las características muy específicas de los registradores que alejan su función del concepto genérico de actividad profesional porque cada registrador ejerce un monopolio territorial a la hora de calificar e inscribir. Estamos ante una actividad propia de funcionarios puros, salvo que son retribuidos mediante un arancel que paga el usuario.
Por eso, Tena examina una doble alternativa. Primera, la funcionarización completa mediante la fusión con el catastro y gestión telemática del conjunto; segunda, libre elección del registrador calificador, de tal manera que obtenida una calificación favorable por cualquier registrador elegido, el territorialmente competente se viera obligado a inscribir. Continuará.
Miguel Ángel Aguilar. Periodista