La expropiación por sorpresa, este Primero de Mayo, de la filial boliviana de Red Eléctrica de España (REE) es la fehaciente representación de una paradoja. A la vez que anunciaba el expolio por invertir poco y enviaba al Ejército, pertrechado de una vistosa pancarta con el lema nacionalizado, a ocupar las instalaciones de Transportadora de Electricidad (TDE), Evo Morales preparaba el viaje para inaugurar poco después la ampliación de una planta de gas participada y gestionada por otro grupo español, Repsol, en la que comparte capital con British Gas y la angloargentina Pan American Energy. Pero la paradoja va más allá. La nueva inversión gasista en Campo Margarita permitirá ampliar las exportaciones de gas a Argentina, país que acaba expropiarle a Repsol el 51% de YPF por -según la Casa Rosada- no atender sus necesidades energéticas. El círculo se cierra porque Repsol fue víctima, como otras petroleras y también un Primero de Mayo, de la nacionalización en 2006 por Morales de los hidrocarburos bolivianos, lo que llevó a unas duras negociaciones de nuevos contratos durante la que se llegó a detener por contrabando de petróleo a directivos de la empresa española -injustificadamente, como luego se demostró-. Siempre en el filo de la seguridad jurídica, esos nuevos acuerdos han dado lugar a una buena relación que el presidente boliviano resumió ayer así: "Reconozco el liderazgo de Repsol y su inversión siempre será respetada como socio".
El citado círculo de relaciones empresariales y gubernamentales es una de las muchas pruebas de la importante apuesta que desde hace décadas vienen haciendo las empresas españolas por Latinoamérica. Una apuesta contrastada con los hechos y que en demasiadas ocasiones debe lidiar con dirigentes que, acuciados por conflictos sociales internos, juegan la baza del populismo barato en contra de las inversiones españolas. Y que además lo hacen con un rancio argumentario antiimperialista que entra de lleno en el absurdo, cuando no en el flagrante ridículo internacional. Es el caso de la Argentina de Cristina Fernández de Kirchner, donde España figura como primer país inversor, y de la Bolivia de Evo Morales, donde es el segundo tras Estados Unidos.
Por eso sería inexplicable que otros países siguiesen esos pasos y la fiebre expoliadora se extendiese como una mancha de aceite. Tras el caso YPF, muchos mandatarios del área salieron a la palestra para asegurar que su país no expropia. El tiempo y los hechos lo demostrarán. Pero serán unos inconscientes si ignoran la necesidad que tienen sus economías del apoyo de empresas fuertes, de elevada tecnología y con inversiones reales. Como ayer recordó el ministro de Economía, Luis de Guindos, tales actitudes solo van a tener implicaciones negativas a medio plazo para el desarrollo de esos países y de las futuras inversiones en su territorio. El Gobierno español, que parece tranquilizar su conciencia al decir que Bolivia ha garantizado una compensación a REE, se ha aplicado a minimizar este caso y a asegurar que es "muy diferente" al de YPF. En esa línea, la compañía afectada también intenta quitar hierro al asunto diciendo que solo "supone alrededor de un 1,5% de la cifra de negocio" del grupo y no tendrá "un efecto relevante en los negocios y la cuenta de resultados". Ni lo uno ni lo otro. El caso es diferente al argentino, cierto, pero lo es porque REE es pública en una quinta parte y, mientras Repsol debe explicarse ante sus accionistas, REE también lo debe hacer ante todos los ciudadanos.
Hay algo más, y no lo menos importante. A pesar de la indeseable falta de seguridad jurídica que las expropiaciones por sorpresa producen, España no puede seguir estos acontecimientos con sordina, como viene haciendo. La nacionalización es un opción legítima de cualquier Gobierno si lo hace con las debidas garantías en tiempo y forma. Pero Madrid no se debe dejar sorprender más por hechos así. Entre los millones de funcionarios y asalariados públicos debe haber quien se ocupe de prever estos sustos que, obvio es recordarlo, tienen un elevado componente político y un enorme coste en términos de prestigio internacional. También se debe exigir un apoyo expreso y sin ambages de Bruselas. Es hora de que nuestro país cuente con una diplomacia que lo haga ser más respetado, especialmente en Latinoamérica, y eso empieza por que nuestras empresas también estén más protegidas.
