El Consejo Europeo dio en la madrugada del viernes un paso al frente para blindar su divisa de los ataques de los mercados financieros y devolver el sosiego a los más de 300 millones de personas que empezaban a dudar -de forma tímida, pero creciente- del futuro del euro. Mientras los futbolistas italianos disputaban, y ganaban, a los alemanes el privilegio de enfrentarse a los españoles en la final del domingo en Kiev, los jefes de Gobierno de España e Italia lograban, no sin presiones sindicadas, que la canciller germana abriera la mano de hierro con la que hasta ahora ha querido imponer la disciplina fiscal para otorgar alivio financiero. El pacto cerrado en el Consejo supone un paso decidido hacia la unión fiscal y la unión bancaria, con un difuso calendario de ejecución, y, aunque no dispone de medidas concretas para mañana, ha proporcionado a los mercados lo que buscaban, al menos sobre el papel, y han aflojado el nudo que apretaba tanto a Italia como a España en la deuda.
No puede hablarse de una refundación del euro, porque no es tal. Pero sí es un impulso muy significativo en la construcción de la Unión Monetaria, cubriendo los flancos hasta ahora desguarnecidos, como es la unidad fiscal -no del todo recompuesta, puesto que nada se dice de emisor único y de bonos sindicados- o la unidad bancaria, donde se apunta a que será el BCE quien ya a final de año supervise los grandes bancos europeos, aunque la aplicación de los plazos en Europa hay que tomársela con mil reservas.
El Consejo ha dado a España e Italia lo que querían, lo que precisaban para no dejar baldíos los descomunales e impopulares esfuerzos de transformación de sus economías acometidos en los últimos meses. Así, el fondo de rescate europeo, el vigente o el que le sustituya, podrá comprar deuda en el mercado secundario de los países con dificultades, siempre que estén inmersos en procesos reformistas integrales y que estén haciendo esfuerzos exigentes de consolidación fiscal, como es el caso de los dos países peninsulares del Mediterráneo. Eso sí, no habrá condicionalidades adicionales.
Podrá también recapitalizar la banca quien lo precise de forma directa, sin pasar por el Estado, para desactivar la contaminación que pueda existir entre riesgo bancario y riesgo soberano. Pero estas operaciones hechas a través del Estado no convertirán al fondo de rescate en acreedor preferente en caso de impago, para evitar la desconfianza generada entre los inversores con los compromisos estatales. Además, una vez puesto en marcha el mecanismo comunitario de supervisión bancaria, se aplicará al rescate español la nueva normativa: inyección directa en la banca y esterilización del riesgo soberano.
El Consejo se ha comprometido también a que en el Eurogrupo del próximo 9 de julio se cerrará el calendario de todas estas iniciativas, que no tendrán una aplicación inmediata a juzgar por la parsimonia tradicional de la maquinaria europea. Pero se han puesto las herramientas institucionales para sellar el euro, que nació huérfano de protección, y se las han proporcionado a medida que encajaba golpes y con una celeridad proporcional a la dureza de las agresiones externas sufridas.
España ha salido fortalecida de la cumbre. El presidente, Mariano Rajoy, que llevaba el respaldo de la oposición parlamentaria, ha logrado las suturas suficientes a la sangría de la deuda para recomponer la economía con el mínimo sosiego. Pero no será gratis. Si Alemania ha abierto una mano, sigue apretando con la otra, y España, por su propio interés, no podrá bajar la guardia de la disciplina fiscal y del activismo reformista. De hecho, debe redoblar ambos, porque hoy no está en condiciones de cumplir con sus compromisos fiscales (5,3% de déficit) y no recuperará crecimiento sin reformas que abaraten costes y precios para impulsar la competitividad.
Sin pasar del presente mes de julio debe alumbrar un nuevo paquete fiscal y reformador. Y sobre la mesa hay varias propuestas: subir el IVA; bajar el gasto público a niveles más razonables, sobre todo el estructural, con recortes en el sueldo de los funcionarios, además de ajustes de plantillas; anticipar el calendario de la reforma de pensiones; ejecutar la reforma eléctrica; culminar la financiera, y ordenar, siempre con un pacto de carácter nacional, la estructura administrativa del Estado (central, autonómico y local).
