Eurocrisis y eurointegración
La economía ha jugado un papel muy importante en la formación y desarrollo de la UE desde sus comienzos. Cuando hace 60 años (el 9 de mayo de 1950) el ministro francés de Exteriores Robert Schuman propuso al canciller Adenauer un plan para unificar la producción francesa y alemana del carbón y acero, el motivo principal de la propuesta era de tipo político. Literalmente se decía en el correspondiente escrito que, de esta manera, "cualquier guerra entre Francia y Alemania no sólo sería impensable sino también materialmente imposible".
Un mes después, bajo la dirección de Jean Monnet, comenzaron las negociaciones para convertir el Plan Schuman en lo que sería el germen de la futura UE. El 18 de abril de 1951 firmaron lo seis países fundadores el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). Esta primera experiencia llevó al convencimiento de los países que querían la integración europea de que la economía sería el camino más práctico para superar las dificultades que se encontrarían para llegar a una verdadera Comunidad Europea y por eso los pasos siguientes siempre tuvieron en cuenta los intereses económicos. El Tratado de Roma, que se firmó el 25 de marzo de 1957, creó la Comunidad Económica Europea (CEE) y varias décadas después, en 1986, se firmó en Luxemburgo y La Haya el Acta æscaron;nica Europea, reforzando la idea imperante del mercado común con las necesarias medidas para dar más vigencia a un mercado interior y con la creación de la Unión Económica y Monetaria (UEM). Durante estos años se amplió el número de los Estados miembros: en 1973 con el Reino Unido, atraído fundamentalmente por los aspectos económicos, y Dinamarca e Irlanda, en 1981 Grecia y, en el mismo año en que se firmó el Acta æscaron;nica, España y Portugal. Finalmente, en 1992 en Maastricht se dio un paso importante hacia una integración más amplia que la puramente económica, al aprobarse el Tratado de la Unión Europea (TUE). Por eso, significativamente, se cambió el nombre de Comunidad Económica Europea por el de Comunidad Europea y, además de introducirse nuevas formas de cooperación en defensa, interior y justicia, gran parte del articulado del nuevo tratado se dedicó al diseño del modelo económico y social de la UE.
Nos ha parecido conveniente recordar la experiencia de la importancia que ha tenido la economía en el desarrollo de la UE, porque esto nos puede ayudar a entender mejor la oportunidad que ofrecen las dificultades por las que atraviesa el euro, para que se pueda dar un paso más en la integración política, que tanto necesita la UE.
Que para que pueda funcionar correctamente una Unión Monetaria se requiere la autoridad de un Gobierno con competencias en las políticas económica, fiscal y presupuestaria, se lo advirtió el canciller Kohl al presidente Mitterrand cuando éste le propuso la creación del euro. Ciertamente, el tema de la unión política estaba muy inmaduro en aquellos años y Kohl cedió a las presiones de Mitterrand para crear la moneda única, aún a sabiendas del riesgo que corría cambiar el vigoroso DM por el naciente euro.
Afortunadamente, en sus 10 años de existencia la nueva moneda se ha consolidado como una potente divisa, pero las consecuencias de la crisis financiera mundial han puesto en evidencia sus originarias limitaciones y por eso se insiste en la necesidad de que se cree un "gobierno económico" que supla la carencia de esa unión política que necesita toda Unión Monetaria. Podríamos, pues, siguiendo la estrategia tradicional de la UE, encontrarnos con la oportunidad de recurrir, una vez más, a los intereses económicos para avanzar en la integración política.
Desde la Cumbre extraordinaria que se celebró el 11 de febrero, por iniciativa del nuevo presidente del Consejo Europeo, se viene hablando de la necesidad de dar más vigencia a una gobernanza o a un gobierno económico que, junto con la Estrategia 2020 que ha preparado la Comisión, debería haber centrado la Cumbre en la que España ha finalizado su presidencia rotatoria.
Se puede preferir el término gobierno al de gobernanza porque mientras éste último hace referencia a un poder intergubernamental que coordina la acción de muchos gobiernos con poder de decisión, el término "gobierno", en cambio, se definiría por referencia a los bienes comunes europeos y no a una pluralidad de legitimidades nacionales. El término, sin embargo, suscita reservas porque, al calificar de "económico" ese gobierno, se teme que pueda interpretarse como una autoridad planificadora, incompatible, que iría con el modelo de la economía social de mercado (ESM) que ha establecido el Tratado de Lisboa.
Los que entendieran así el "Gobierno económico" demostrarían ignorar que la legitimidad unitaria que representa un gobierno es de naturaleza política, que en una democracia se fundamenta en un mandato popular, y que dispone de un poder ejecutivo para poner en práctica sus decisiones.
Los requerimientos de unas circunstancias económicas, como las que atraviesa el euro, podrían llevarnos a una especie de culminación de un proceso que diera origen a una autoridad política que difícilmente se habría logrado con un planteamiento político más directo. Los ámbitos de actuación de ese gobierno, que se enumeran en el Informe al Consejo Europeo del Grupo de Reflexión sobre el futuro de la UE en 2030, son los propios de cualquier gobierno que, sin pretensiones planificadoras y respetando la libertad económica de sus ciudadanos, establece el marco concurrencial y las reglas para los consumidores y empresas, que operan en un mercado competitivo y vigila su cumplimiento. Sería, por tanto, un verdadero gobierno con las competencias normales en el ámbito económico.
Eugenio M. Recio. Profesor honorario de Esade (URL)