España liberal, Europa keynesiana

Los resultados de las elecciones autonómicas en Galicia han sido contundentes. Alberto Núñez Feijóo y el PP han aumentado su mayoría absoluta, demostrando que la ciudadanía puede apoyar un programa reformista y de ajustes sensato. Particularidades gallegas impiden que se extrapole plenamente el magnífico resultado del PP y el batacazo del PSOE. Pero se ha deslegitimado la idea de que un gobernante que aplica ajustes debe ser castigado en las urnas.

La victoria amplia de Núñez Feijóo debe servir de aliento a la labor reformista que desarrolla el Gobierno. Después de 11 meses de muy intensa actividad gubernamental y parlamentaria, el gobierno del PP ha desplegado los grandes ejes de su programa de liberalización y modernización de la sociedad y economía españolas: reforma laboral; consolidación del sistema financiero (las 50 entidades financieras españolas existentes en 2009 se han convertido en 14); un código de buen gobierno que castigará la mala gestión de dinero público; presupuestos austeros; reforma educativa; del Código Penal; lucha contra el fraude fiscal y en las prestaciones; restablecimiento de la unidad de mercado y eliminación de trabas innecesarias a la actividad económica. Aunque el ejecutivo continuará aplicando nuevas reformas, la acción de los próximos meses debe centrarse en una buena implementación de las anunciadas, muchas de las cuales se encuentran en trámite parlamentario. El gobierno debe proseguir su lucha sin cuartel contra la economía sumergida, cuya proliferación priva al erario público (y por consiguiente a todos los ciudadanos) de los fondos necesarios para financiar sanidad, educación, servicios sociales y la construcción de infraestructuras.

La gran mayoría de la sociedad española ha soportado con madurez las medidas de austeridad impuestas desde la primavera de 2011. Es comprensible que los ajustes sean impopulares. Desde mayo de 2011 se han sucedido varios recortes en los salarios de los fucionarios, congelación de pensiones, aumentos del IRPF y del IVA, ajustes en la sanidad y la educación y eliminación de múltiples subvenciones. Les seguirán cierres o reestructuraciones de empresas públicas y fundaciones. Son medidas dolorosas. Pero su única alternativa pasaría por que España sufriera un rescate soberano y que la troika impusiera recortes aún más severos. En cuatro años nuestra deuda externa neta se dobló (alcanzando el 90%) y nuestro déficit público se disparó hasta el 11% en 2009. Es el legado macroeconómico de un modelo de crecimiento insostenible que dependió en exceso de la construcción, el endeudamiento de los particulares y servicios de poco valor añadido que el anterior ejecutivo socialista no supo corregir.

El sacrificio mostrado por nuestra sociedad nos permitirá acercarnos al objetivo de reducción de déficit del 6,3% a finales de este año. Afortunadamente se está fraguando un consenso sobre la necesidad de ralentizar el ritmo de los ajustes en los próximos años. El FMI, en su reciente informe de coyuntura mundial, advirtió sobre el excesivo impacto de la austeridad. La desaceleración del crecimiento de las principales economías emergentes es consecuencia parcial y a la vez propicia el estancamiento de la eurozona, vía flujos comerciales y financieros. A una Italia y una España en recesión seguramente se le sumarán Francia y Alemania, que apenas han registrado crecimiento en el tercer trimestre de 2012. Después de crecer a un ritmo elevado (4.2% en 2010 y 3% en 2011), el propio gobierno alemán prevé que el PIB sólo se expanda un 0,8% este año y un 1% en 2013.

En este contexto, mientras España liberaliza su economía, debe continuar fomentando una política más expansiva por parte de las potencias europeas y las instituciones de la UE. No se trata de inventar nada nuevo. En la cumbre europea del pasado junio se acordó el desembolso de 130.000 millones de euros -procedentes de partidas no gastadas del presupuesto de la UE y de bonos emitidos por el BEI- para financiar proyectos en infraestructuras, energía, nuevas tecnologías y formación en los países más castigados por la crisis. ¿Qué ha sucedido con el denominado pacto para el crecimiento, una justa contrapartida al esfuerzo de consolidación fiscal que están realizando los periféricos? Deben asimismo recibir una parte sustancial de los fondos estructurales y regionales, cuya cantidad total la UE fijará próximamente para el periodo 2014-2020. España, Francia e Italia deben seguir presionando a Alemania para que entre en vigor cuánto antes la unión bancaria, sin la cual los mercados volverán a recelar de la voluntad de los líderes europeos de dotar a la eurozona de una gobernanza económica y financiera adecuada.

Los ajustes y reformas estructurales aprobadas por los gobiernos español e italiano y el programa de compra de bonos en el mercado secundario (OMT) anunciado por el BCE a principios de septiembre han reducido los costes de financiación para Madrid y Roma. Deseoso de evitar una mayor condicionalidad macroeconómica y alentado por la mejora en los mercados, el gobierno español confía en poder evitar un rescate. Las señales ambiguas procedentes de Berlín y de sus aliados (Países Bajos, Finlandia) sobre la conveniencia del rescate para España han complicado la situación. El Gobierno confía en el discurso del FMI, cuya línea es más keynesiana, para elaborar una línea de crédito cuya condicionalidad adicional sería mínima o más blanda. España puede seguir por la senda de la consolidación fiscal y las reformas estructurales sin solicitar un rescate. Pero además de la confianza de los inversores, el gobierno debe conseguir la complicidad de la población. Todo apunta a que contaremos con más tiempo para reducir el déficit. Pero dicha perspectiva no es suficiente para motivar a la población. Necesita una narrativa que describa el desarrollo de sectores económicos punteros capaces de generar empleo, de sinergias entre universidades, centros de investigación y empresas capaces de desarrollar nuevos productos y servicios. Un sector turístico líder que atraerá a aún más visitas mediante la utilización de nuevas tecnologías como las campañas on line y aplicaciones específicas para móviles. Una economía diversificada y competitiva capaz de combinar nuestros activos tradicionales (turismo, servicios, industria, agricultura, pesca) con sectores de la nueva economía, y cuyas infraestructuras y logística fomentarán tanto la mobilidad interna como las exportaciones. Una visión que propicie el retorno de una generación con talento que ha elegido la emigración.

El próximo 13 de diciembre se cumplirán cinco años de la firma del tratado de Lisboa. Una efeméride que los líderes europeos, reunidos en Consejo Europeo en esa misma fecha, deben aprovechar para profundizar en la unión fiscal, bancaria y el pacto de crecimiento. El futuro de la eurozona está en juego.