Entre la espada y la pared

Las fusiones bancarias son la piedra angular sobre la que se asienta la reestructuración del sector bancario español. Están presentes en todos los procesos de integración que han recibido financiación del FROB y también en el plan de saneamiento del sistema financiero, ya que incentiva las fusiones alargando el periodo de cumplimiento de las nuevas provisiones y permitiendo realizar el saneamiento contra patrimonio.

¿A qué se debe el interés en incentivar los procesos de fusión? La respuesta más habitual suele ser invocar a las economías de escala, es decir, la reducción de costes medios asociada al mayor tamaño. Sin embargo, la evidencia muestra que las economías de escala se agotan pronto, ya que desaparecen para tamaños no excesivamente elevados. Por tanto, es razonable incentivar fusiones entre entidades pequeñas, pero para las que ya tienen un cierto tamaño, las fusiones no disfrutan de ese ahorro de costes.

Si bien el tamaño tiene otras ventajas distintas al ahorro de costes (como mejorar el acceso a los mercados de deuda y de capitales, permitir a las entidades acceder a operaciones de mayor tamaño o disfrutar del seguro implícito asociado al demasiado grande para dejarla caer), en ocasiones la gran ventaja es para el sector público, que evita tener que asumir costes para rescatar entidades. Y este principio de sin coste para el contribuyente se ha aplicado a rajatabla en España, ya que hasta mediados de 2011, según un estudio del Fondo Monetario Internacional, ha destinado en torno al 2% del PIB a inyectar capital público, frente a porcentajes del 12,4% en Alemania, 5,7% en Reino Unido o 4,9% en Estados Unidos, por poner algunos ejemplos.

A pesar de estas ventajas, las fusiones no resuelven problemas de solvencia y eficiencia si las entidades fusionadas presentan las mismas debilidades. En el caso del sector bancario español, disponemos de evidencia más que suficiente para demostrar que algunas fusiones no han dado el fruto esperado que era mejorar la viabilidad de las entidades. Algunas de ellas han sido fusiones a la defensiva entre entidades de una misma comunidad autónoma para que el Gobierno de turno no perdiera su control. Y en estos casos, algunas entidades han tenido que ser nacionalizadas con elevadas participaciones del FROB e incluso alguna ya ha sido adjudicada, asumiendo el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) la financiación que tuvo que dar en su día el FROB. Y en el caso de otras fusiones interregionales, existen dudas de que puedan cumplir con el saneamiento del Real Decreto-Ley 2/2012. De hecho, en algún caso, la viabilidad de la fusión previa ha fracasado, como demuestra el hecho de que otra entidad haya tenido que salir al rescate exigiendo a cambio protección del FROB.

A pesar de que las fusiones no siempre son la solución a los problemas, es lógico que tanto el Gobierno como el Banco de España incentiven su utilización para así minimizar la utilización de fondos públicos, máxime en el actual entorno de austeridad que nos obliga a cumplir un objetivo de déficit público del 5,3% este año. Es esta imposibilidad de cruzar la línea roja marcada por Bruselas la que explica que sea el FGD el que haya asumido el coste de las entidades hasta ahora intervenidas que previamente habían recibido ayuda del FROB, disminuyendo drásticamente el patrimonio del que partía en el momento de la unificación de los tres FGD hasta hace poco existentes. De hecho, de los 6.527 millones de euros de partida en octubre de 2011, en estos momentos debe de estar en torno a 2.300 millones de euros, a los que habrá que restar las cantidades comprometidas en las entidades pendiente de subasta y los esquemas de protección de activos concedidos.

¿Serán nuevamente las fusiones la solución a los 52.000 millones de euros de saneamientos exigidos por el Gobierno? En este punto hay un dilema de difícil solución. Por un lado, existe el incentivo a las fusiones por los motivos comentados anteriormente. Pero por otro, las entidades que están en condiciones de liderar procesos de fusión por absorción exigen a cambio esquemas de protección, algo que hasta hace solo unos días estaba reservado a las entidades intervenidas o nacionalizadas y posteriormente subastadas.

Sin embargo, esta regla no escrita acaba de ser violada en el caso de una entidad no subastada que ha contado con la ayuda del FROB (en forma de deuda contingente convertible o cocos). Con este cambio en las reglas del juego, es lógico que otras entidades reclamen igualdad de trato, como así está sucediendo en los últimos días.

Si sumamos la restricción de tener que cumplir con el objetivo de déficit público y de que las entidades cumplan con las nuevas exigencias de provisiones, me temo que no hay más remedio que seguir utilizando la vía de las fusiones, lo que exige dar facilidades a las entidades que puedan estar en condiciones de liderar los procesos de integración. Y si para ello hay que cambiar las reglas del juego, el Gobierno no tendrá más remedio que hacerlo ofreciendo esquemas de protección de algún tipo, ya que la alternativa de no hacerlo es mucho peor. Además, quien tiene la sartén por el mango no es el Gobierno, sino el muy reducido número de entidades que puedan estar en condiciones de echarle una mano en las fusiones.

En resumen, en este tema de las fusiones, el Gobierno está entre la espada y la pared: la espada son los bancos que, para embarcarse en inciertas fusiones, piden ayudas públicas en un contexto de recesión; y la pared es la Comisión Europea, con quien tenemos un compromiso de déficit público. El problema de fondo es de financiación, ya que el FGD, que es quien en última instancia ha asumido hasta ahora el coste de los rescates y los esquemas de protección de activos, no da para tanto.

Joaquín Maudos. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia e investigador del Ivie