El Gobierno prefiere poner sordina, de momento, a los datos que las comunidades autónomas están comunicando como primera estimación del comportamiento de sus cuentas públicas en 2012, y que en muchos casos son muy positivos. Antes de echar las campanas al vuelo, Hacienda quiere contar con los datos definitivos proporcionados por la Intervención General del Estado. Al ajuste en sus cuentas de las Administraciones de Extremadura o Castilla-La Mancha, que hace un año registraban las ratios de déficit más elevadas y ahora cumplirían los límites permitidos por el Ministerio de Hacienda y el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se unen desempeños fiscales poco alentadores en otras regiones, precisamente las de mayor tamaño, las que tienen un peso relativo determinante para alcanzar, o no, los objetivos de déficit marcados para el conjunto de Administraciones públicas.
Los datos disponibles hasta ahora están expresados en términos de ingresos y pagos provisionales, pero en ningún caso sometidos al estricto método de la contabilidad nacional, el válido para las autoridades comunitarias. En todo caso, las variaciones no pueden ser muy abultadas, lo que permite hacerse una idea cercana a la realidad en materia de déficit para 2012, cuyo dato provisional proporcionará previsiblemente el presidente Mariano Rajoy el próximo 20 de febrero en el Congreso, durante el debate sobre el estado de la nación, y cuya confirmación detallada enviará Hacienda a Bruselas el último día del mes.
Pese a que Extremadura haya corregido su desequilibrio fiscal a niveles inferiores al 1%, o Castilla-La Mancha hasta el umbral del dolor del 1,5%, algo que es perfectamente posible teniendo en cuenta los ajustes de gastos aplicados en todas las regiones y que el tamaño de sus economías es más manejable, Hacienda tiene un problema si Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana, como parece, sufren una desviación notable de sus números. Cataluña y Andalucía manejan déficits del 2%, suficiente para neutralizar el margen que puedan proporcionar Extremadura y Madrid. Por tanto, Hacienda debe estar preparada, y los mercados financieros también, para encajar una desviación en las cuentas, que puede llevar el desequilibrio a nivel agregado hasta el 7% del PIB, con números poco saneados también en las pensiones.
Si los datos totales estuviesen en el 7%, debe darse el esfuerzo por bueno, puesto que sería la primera vez desde que se inició la crisis que se logra reducir la dependencia del sector público de los recursos ajenos, que se ha producido en un entorno muy recesivo. Pero no debe darse el trabajo por concluido ni en el Estado ni en las comunidades autónomas ni en la Seguridad Social. El diferencial de la deuda sigue siendo inasumible para una economía necesitada de crédito y de crecimiento.
