Aturdidos por la situación actual, cabe preguntarse qué le ha sucedido a la clase política española en los últimos 15 años, especialmente a la comprometida con el ejercicio del poder. Qué suerte de episodio alucinatorio ha eclipsado la zona neuronal de su cerebro implicada en la racionalidad. Cómo explicar si no tal acumulación de desatinos en las decisiones de la inversión y gestión de lo público.
Qué fiebre ha llevado a querer tener más aeropuertos que Alemania, a impulsar macrorrecintos feriales sin perspectivas de negocio, a inaugurar auditorios y centros de congresos infrautilizados, museos de arquitectos con pedigrí, pero sin obra, a trazar recorridos y paradas de AVE sin viajeros, a cortar la cinta de inauguración de universidades. Cómo es posible que contemos con el mayor número de coches oficiales por km2 del mundo, alicatados hasta el techo en comunidades endeudadas hasta las cejas. Cómo es posible que se hayan creado cientos de sociedades fantasma al amparo del dinero público, sistemáticamente sustraídas a cualquier tipo de control presupuestario y parlamentario. Cómo es posible que se hayan utilizado mayoritariamente las cajas como brazo financiero de los partidos en el poder, al servicio de los amiguetes de turno en créditos, retiros e indemnizaciones, gestionadas por advenedizos y con el silencio apócrifo de los consejeros. En fin, la lista de agravios al transeúnte es tan interminable como limitadas las responsabilidades exigidas a todos ellos. ¿Es esta una de las características diferenciales de nuestro sistema?
Estas inversiones histriónicas, de etiqueta electoralista y escasa justificación, ¿han sido la expresión del egocentrismo de unos, la enajenación mental de otros o, sencillamente, tenían el objetivo final de hacer caja con la línea que nunca aparece en los presupuestos? Y qué se podía esperar de la cultura del pago, que llevaba a muchos ayuntamientos a tener en los cajones facturas sin abonar uno, dos, tres y hasta diez años. La crisis no ha hecho más que adelantar un diagnóstico de locura que más pronto que tarde habría emergido. La continuación del discurso nos lleva a visionar unas comunidades autónomas desquiciadas en el gasto -afortunadamente hay excepciones-, hasta ahora sin control, con todos los defectos acoplados a nuestro siglo de los reinos de taifas, derivados siempre de la instrumentalización del poder. No se trata de hacer un alegato en contra del Estado de las autonomías y a beneficio del centralismo, como viene siendo habitual últimamente, y sí a favor de su regeneración en Administraciones profesionales alérgicas al amiguismo, colaboradoras del Estado en la ejecución presupuestaria y funcionales en la gestión de sus competencias, propiciando economías de escala, unidad de mercado y la máxima cohesión/igualdad.
El país se ha dejado arrastrar estos años por una bonanza que ha nublado la necesidad urgente de cambios en la estructura económica. Lástima, porque en momentos de prosperidad hemos perdido la oportunidad histórica de acomodar nuestro modelo económico y la composición de nuestro PIB a una nueva etapa del desarrollo mundial. El modelo económico español, desprovisto del impulso de la construcción, ha mostrado su anemia estructural, asociada a un viciado comportamiento político de corrupción y megalomanía.
El sistema financiero, vinculado a la oligarquía del suelo y muñidor de esta estrategia de crecimiento, ha terminado por sucumbir arrastrado además por una crisis internacional anclada en los movimientos especulativos cíclicos del sistema capitalista. Esta acumulación de desequilibrios en la estructura económica del país nos hace más débiles a la hora de remontar y, de momento, se ha llevado por delante algunas de las conquistas de las clases medias y menos favorecidas en los ámbitos laborales, sanitarios y educativos. ¡Casi nada!
Pero los ciudadanos no debemos renunciar a nuestros derechos, al Estado de bienestar o a la organización autonómica. Son posibles, aunque requieran una reflexión profunda sobre la perversión del sistema y los vicios creados, un cambio de cultura-país. Hace tiempo que deberían haberse puesto en marcha acciones de estímulo para la economía y liberado de trámites administrativos muchas actividades. No es cierto que no haya dinero suficiente. Es más un problema de asignación del gasto, de distribución presupuestaria, de progresividad fiscal. Las soluciones pasan por la inversión en sectores productivos, en la economía del conocimiento, en las TIC, en I+D+i, en el acondicionamiento de un sistema fiscal hoy regresivo: la aportación de las grandes fortunas, fundaciones y Sicav, la fiscalidad de las grandes empresas, los nichos de fraude, etc.
Recortes, sí, pero a los privilegios de determinada clase política, a la desigualdad jurídica y a la impunidad legislativa de algunos. ¿Por qué se ha ultimado antes una reforma laboral que reduce claramente los derechos de los trabajadores, en lugar de proponer una reforma fiscal progresiva, generadora de ingresos para la inversión, el crecimiento y el empleo?
Pedro Díaz Cepero. Sociólogo y consultor de empresas
