Las actuaciones judiciales derivadas de la operación Crucero confirman lo inexacto de considerar crisis económica de una empresa lo que tiene todos los indicios, y cada vez más claros a la vista de las pruebas, de ser un caso de responsabilidad penal. La fianzas multimillonarias impuestas por el juez a Gerardo Díaz Ferrán (30 millones de euros); al liquidador, Ángel de Cabo (50 millones), y al socio de este, Iván Losada (30 millones), además de a sus colaboradores por vaciar el grupo Marsans, son un récord en la historia judicial española, pero también un grito de indignación del sector empresarial. A la espera de que la justicia depure responsabilidades, y es imprescindible que llegue hasta el fondo, no se puede ocultar la evidencia de que quien representó durante años a los empresarios españoles desde la presidencia de CEOE se aprovechaba al tiempo de una compañía centenaria que llegó a ser líder del sector. Pocas veces se ha podido hacer más daño a los miles de empresarios honestos que hacen bien su trabajo, intentan sacar adelante sus empresas y crear empleo y riqueza cumpliendo la ley; esos que siempre van a encontrar apoyo en estas páginas. El fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, ha negado que la detención de Díaz Ferrán sea ejemplarizante, pero a la vez reclamó el "imprescindible" refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción ante el "evidente incremento de fenómenos de corrupción política, social y financiera". Y ha reclamado una oficina de recuperación de activos para el reintegro de lo defraudado. Es lo que hay que hacer, y cuanto antes.
