Las actuales medidas de ajuste adoptadas por el Gobierno español ponen de actualidad toda estrategia cuya finalidad sea garantizar el ahorro. En este sentido, la gestión de compras públicas es una de estas estrategias que las Administraciones deben tener en cuenta, ya que con una buena actuación podrían beneficiarse de un importante potencial de ahorro. Hay que tener en cuenta que la adquisición de bienes y servicios es el factor de más peso en la formación de costes, por encima del coste de personal. Aerce ha elaborado una hoja de ruta que recoge diez puntos clave que garantizan una eficiente gestión y ahorro en las compras públicas.

Uno de los puntos más importantes es la creación de una central de compras única para toda la Administración del Estado, algo que el Gobierno tiene entre sus planes. Esto permitiría que las Administraciones pudieran negociar mejores condiciones al contratar un volumen mayor al proveedor. Por otro lado, además, los proveedores quedarían catalogados de forma que la información pudiera ser compartida por todas las comunidades autónomas sin necesidad de que un equipo de especialistas tenga que analizar cada producto o servicio y realizar reiterados procedimientos de contratación idénticos. Igualmente, sería muy eficaz la creación de un Registro Oficial Central de Licitadores y empresas clasificadas de uso común para todo el Estado para evitar que cada comunidad autónoma tenga que calificar, clasificar y actualizar informaciones relativas a los proveedores. Esto, además, permitiría ganar tiempo para realizar otras tareas. No solo las Administraciones se beneficiarían de los ahorros administrativos y de gestión sino también las empresas privadas al no precisar inscribirse en el registro oficial de cada comunidad autónoma con la que pretende llevar a término un contrato.

Otra estrategia para una eficiente gestión de compras públicas es el cumplimiento de los periodos de pago exigidos en la Ley de Contratos del sector público que prevé que las facturas se paguen a un máximo de 30 días. De esta forma se reducen los intereses obligados a pagar por el retraso y que se encuentran ocultos tras el precio. Hoy día muchos órganos de contratación consideran pronto pago un plazo de un año. También sería conveniente que la Administración integrara a los proveedores en los procesos de trabajo para adaptarlos a las necesidades reales, para garantizar que sean exclusivos e innovadores y para que prevalezca una relación colaborativa a largo plazo. Relacionado también con la mejora de la relación entre Administración y proveedores, sería conveniente ampliar el ámbito de la Plataforma de Contratación del Estado a todo el sector público con un sistema de avisos a las empresas sobre cualquier contrato que se produzca. Esto permitiría establecer una relación aún más transparente y fructífera con el suministrador y aumentaría la concurrencia de ofertas lo que se traduce en una competencia mayor que facilita la mejora de las condiciones de contratación.

La unidad de mercados es fundamental para lograr uniformidad de las normas mercantiles de las distintas comunidades autónomas ya que facilitaría los procesos de negocio y contratación. También resultaría imprescindible la aplicación de la Ley de Contratos del sector público con criterios de compras. Y es que esta ley es un buen manual de procedimientos de compras derivado de las best practices de las empresas privadas pero adaptado al sector público. Finalmente, sería muy interesante apostar por la electrónica en la contratación pública con el establecimiento de la obligatoriedad de la licitación electrónica. Portugal ya lo ha establecido pero la Unión Europea aún no, a pesar de que lleva algo más de una década insistiendo. Sería conveniente la aplicación de la factura electrónica para agilizar trámites administrativos y tener un mayor control sobre los pagos. Hay que tener en cuenta que desde noviembre de 2010 su uso es obligatorio, pero no se aplica. Otro aspecto importante es la implantación total de la firma electrónica reconocida, ya que ésta introduce las garantías que nuestra legislación exige para la contratación administrativa.

Con esta hoja de ruta, las Administraciones dispondrán pues de un instrumento de trabajo que les ayudará a mejorar sus gestiones de compras públicas reduciendo los gastos y potenciando a su vez el ahorro. Además, responde a la necesidad de unificar a todo el estado español las prácticas formuladas por muchos profesionales de Compras, evitando segmentarlas por comunidades autónomas.

Juan José jiménez. Presidente de AERCE (Asociación de Directivos de Compras)