La eficiencia como antídoto
Durante estos días no hacemos más que oír informaciones acerca de la subida del IVA, una medida ya aprobada por el Congreso con la que la que Hacienda prevé recaudar 5.000 millones de euros para sanear parte del déficit público. De hecho, el Gobierno, apelando a la responsabilidad social de los ciudadanos y utilizando argumentos para remover nuestras conciencias, ha concluido que con esa subida podrían financiarse 490.000 pensiones de jubilación anuales, más de 2 millones de rentas básicas de emancipación, 827.999 prestaciones a dependientes y un tercio de la inversión I+D+i.
No es el objeto de esta reflexión posicionarse a favor o en contra de este aumento de impuestos, algo que requeriría más espacio y tiempo, pero sí me pregunto si antes de haber puesto en marcha esta medida, que tendrá un elevadísimo coste político para el Gobierno y un coste económico no menos elevado para los ciudadanos, las Administraciones públicas no podrían haber asumido ellas mismas este esfuerzo en vez de trasladárselo al ciudadano. No se trata de pedirles a las Administraciones que dejen de gastar, se trata de pedirlas que aprendan a gastar.
Actualmente, el gasto agregado en bienes y servicios corrientes de las corporaciones locales en España supera los 17.000 millones. Una gestión eficiente, profesionalizada y transparente de estos gastos, que explote al máximo el potencial de ahorro técnico de cada compra y el potencial competitivo de cada contrato, generaría ahorros superiores al 15%, lo que supondría inyectar en el sistema, con carácter estructural, entre 2.000 y 4.000 millones de euros.
La solución para conseguir este objetivo no pasa por reducir prestaciones a los ciudadanos o recortar personal, ni tampoco debería pasar por subir los impuestos, al menos como primera opción. Antes hay que reducir las enormes bolsas de ineficiencias y costes estructurales innecesarios, mediante la optimización de los suministros y de los procesos de contratación. ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora? Sencillamente, porque la bonanza económica de los últimos 15 años nos ha nublado la vista y ha relegado la eficiencia y el rigor en la gestión pública a un segundo plano.
En los proyectos de reducción de costes no existen recetas mágicas, se trata de importar los aspectos relacionados con la eficiencia de los procedimientos de contratación y compra del sector privado y aplicarlos a la gestión pública. Nadie espera de los ayuntamientos, por ejemplo, que sean expertos en comprar electricidad, telecomunicaciones, seguros, servicios informáticos, publicidad, mensajería o u otros servicios auxiliares como seguridad, vigilancia y limpieza. Lo que sí esperamos es que proporcionen, en las mejores condiciones posibles y al menor coste público, los servicios que conforman el bienestar más básico y cercano al ciudadano.
Ha llegado el momento de que la eficiencia llegue a nuestras Administraciones y exploten su perfil de gran consumidor para mejorar sus procedimientos de contratación y compra de los servicios. Démosle una oportunidad a la eficiencia antes de decisiones drásticas que pueden solucionar problemas a corto plazo, pero que no eliminan la fuente de los mismos: la mala gestión de los recursos públicos.
Miguel Marín. Socio director de Eneas Sector Público