La puesta en marcha de la reforma laboral ha comenzado a mostrar algunos de sus primeros efectos en el coste de los despidos colectivos. El montante de las indemnizaciones ha pasado de 45 días por año trabajado y un máximo de 42 mensualidades -horizonte habitual antes de la aprobación del texto- a 33 días por año con un máximo de dos anualidades, lo que supone un abaratamiento sustancial de la factura para las empresas. Pese a ello, no son pocos los empresarios que continúan ofreciendo compensaciones más elevadas en el marco de la negociación de los ERE, como forma de convencer a los trabajadores afectados de que no recurran la decisión a los tribunales. Si antes de la reforma laboral el acuerdo sobre los 45 días era la condición necesaria para que los expedientes saliesen adelante, ahora una indemnización por encima de lo legalmente establecido -20 días y un máximo de 12 mensualidades- se ha convertido en un modo de intentar evitar que el conflicto termine en manos de un juez. Solamente intentarlo, dado que, al contrario que en la regulación anterior, la reforma laboral ha abierto la puerta a la posibilidad de compatibilizar ambas soluciones. Es decir: acudir a los tribunales aun después de haber pactado el ERE.

Pese a que la destrucción de empleo continúa de forma devastadora en España, el abaratamiento del coste del despido supone un balón de oxígeno para muchas empresas, incapaces de cargar con el peso financiero de las compensaciones por despido de 45 días. Como se reconocía hace semanas en Francia con ocasión de la decisión de Renault de adjudicar a las plantas españolas de Valladolid, Palencia y Sevilla su nuevo plan industrial, la rebaja de los costes salariales en España y la flexibilidad que ha introducido la reforma laboral han vuelto a convertir nuestro país en un candidato atractivo para la inversión extranjera. Sin duda, queda todavía por delante un duro periodo de ajuste en el empleo, que implicará más sufrimiento y más sacrificios, pero las bases están sentadas.

A la espera de que comiencen a dar frutos la totalidad de las reformas estructurales que ha impulsado el Gobierno, los cambios introducidos en la legislación laboral están transformando ya el mercado de trabajo español y poniéndolo en condiciones de competir en el futuro. Mientras tanto, no está de más recordar que la nueva regulación laboral contiene posibilidades que van bastante más allá del abaratamiento del coste del despido y que dan la oportunidad a las empresas de rebajar sus costes salariales sin tener que recurrir a la destrucción de empleo. Sería beneficioso para ambas partes -compañías y trabajadores- y para el conjunto de la economía española que esas herramientas que la ley contiene se utilicen en mayor medida y en todas sus posibilidades.