La súbita preocupación que ha expresado Angela Merkel por el alto nivel de desempleo en países como España tiene carácter endémico aquí, reforzado por una crisis que ha castigado con dureza a la población joven. Los datos son de escalofrío: los desempleados de menos de 34 años superan los 2,5 millones cuando no llegaban a un millón en 2007, y sus tasas de paro superan el 55% para menores de 25 años y el 74% para los que cuentan con menos de 20. Copan el colectivo de demandantes de primer empleo y una buena parte del desempleo de larga duración. Es la primera preocupación de la sociedad dentro del desasosiego general por la crisis, y debe ser el asunto que más quite el sueño al Gobierno, a los empresarios y a los sindicatos durante los próximos meses. Si no es así, debemos pensar que deben ser ellos, el Gobierno, los empresarios y los sindicatos, quienes deben ir al paro.
Aunque el mercado de trabajo comienza a funcionar como un mercado tras los ajustes normativos que acoplan los precios reales del factor trabajo al coste, en los primeros años de la crisis la población laboral más joven ha sido la víctima más sacudida por el desempleo sin más consideraciones que el coste. Por tener una excesiva concentración en actividades coyunturales de poco recorrido productivo, como la construcción, y por el menor coste de sus rescisiones contractuales, ha sido el colectivo más vapuleado.
Tras cinco años de jibarización del mercado, los esfuerzos deben destinarse ahora a recomponer una franja nada desdeñable de la sociedad que ha perdido empleo y que carece de expectativa favorable en un país con el recorrido agotado para infinidad de servicios y con una estructura productiva débil, en la que la posición de las manufacturas de mercado es muy limitada. Además, la captación relativamente fácil de rentas relativamente elevadas para jóvenes con niveles formativos mediocres en los años alcistas del ciclo inmobiliario les condena ahora a la búsqueda desesperada de alternativas sin las herramientas que exige el mercado.
La relación entre formación y niveles de ocupación es directísima, como prueba la constatación de que el porcentaje de desempleados jóvenes con educación superior ronda el 20%, mientras que para aquellos que solo cuentan con educación primaria la tasa de desempleo supera el 70%. Para determinados colectivos es tarde para tratar de recomponer sus niveles formativos, más allá de un reciclaje hacia servicios cuyo desempeño exija similar nivel de dificultad al que tenían las actividades en las que trabajaban durante la primera década de este siglo.
Para el futuro, las autoridades, la sociedad en general, debe desechar mensajes adulterados e interesados de virtudes, como que tiene la generación juvenil mejor formada de la historia, para combatir los que demuestran que España tiene los mayores niveles de fracaso escolar de la UE, así como cotas mediocres en los tres indicadores que miden hoy la competencia de la gente que llega al mercado de trabajo: conocimiento de las matemáticas, comprensión lectora e interpretación de textos, y nivel de idiomas extranjeros, especialmente inglés. Esas tres herramientas por sí solas equipan para competir con los mejores y predisponen a la juventud para arriesgar sin temor por el emprendimiento, por el autoempleo, a pocos estímulos económicos que se pongan a su disposición.
Decía con acierto Anthony Giddens que carece de recorrido un país que se preocupa más de su pasado que de su futuro, un país que se preocupa más de procurar bienestar a sus mayores (ya pasivos) que de invertir en sus jóvenes (futuros activos). En plata: cada euro extra dedicado a las pensiones solo garantiza una renta, mientras que dedicarlo a la formación de los jóvenes activa un efecto multiplicador sobre la economía.
Dado que España está atrapada en la necesidad inexcusable de controlar gasto y déficit, tiene que gastar con mesura, y debe hacerlo exigiendo cuentas a los agentes encargados de formar a los jóvenes, y debe modificar los formatos para que la eficiencia de cada euro gastado se incremente. Debe poner recursos en el estímulo al emprendimiento, desfiscalizándolo si es preciso, y debe quitar cuantas trabas existan a la contratación de jóvenes, aligerando cotizaciones y dando vacaciones fiscales en IRPF e impuestos societarios.
