Nunca la humanidad ha dispuesto de los recursos humanos, materiales, científicos y tecnológicos que tiene ahora para mejorar de forma sustancial su situación económica y su bienestar social, y paradójicamente la situación económica de un buen número de países de entre los más desarrollados es realmente preocupante, lo cual pone en evidencia la incapacidad de la ciencia económica y de los postulados y modelos actualmente utilizados para hacer frente a esta profunda crisis económica y financiera. En estos momentos, parece que la única fórmula existente en Europa para combatir la depresión económica viene siendo la represión económica, mediante un modelo que postula una sucesión de fuertes y sucesivos recortes en el gasto público, con la sola pretensión de equilibrar las cuentas de este sector público, sin tener en cuenta sus importantes efectos inducidos en el resto del sistema económico, esto es, en las familias y en las empresas, e incluso sucesivamente en las finanzas del propio sector público.
Puede dar la impresión de que los grandes expertos de las instituciones europeas y organismos internacionales que deciden esos estrictos e inexorables recortes públicos ignoran que la economía es un todo dinámico, estrechamente integrado y profundamente interdependiente, y que los intensos recortes ahogan la actividad económica de un país, reducen significativamente el consumo y la demanda interna y, por tanto, la recaudación fiscal, generándose así una espiral negativa de consecuencias difíciles de prever.
El hacer los deberes impuestos por Bruselas está dando lugar en países como Grecia, Portugal, Italia o España a resultados muy negativos en su situación económica y fiscal, ahondando la crisis y originando una imagen de creciente fragilidad de estos países ante los mercados, de lo que se aprovechan y lucran desmedidamente un buen número de especuladores bien organizados, a costa finalmente de los ciudadanos, y ello con la clara connivencia del BCE. Y hablando de esos mercados financieros, estos deberían ser bastante más transparentes; y en este sentido la implantación de una tasa sobre las transacciones financieras (tasa Tobin), además de su importante efecto recaudador en Europa (estimado en 57.000 millones de euros anuales, de los que 5.000 serían para España), permitiría por fin disponer de información detallada de los especuladores.
Y es que los recortes de carácter general e indiscriminado, y por tanto no selectivos ni específicos contra la ineficiencia, pueden resultar contraproducentes, aparte de científicamente infundados y socialmente injustos. Veamos un simple planteamiento para el debate: En relación con la receta propugnada por el FMI para nuestro país, y recién implantada por el Gobierno español, de reducir de forma general los sueldos de los empleados públicos para combatir el déficit fiscal, habría que considerar que por cada cien euros que se recortan las retribuciones de estos empleados públicos, se perderán por otro lado ingresos fiscales por IRPF (de 30 a 40 euros aproximadamente, dependiendo del tipo marginal de cada contribuyente), así como por IVA (otros 18 euros -21 dentro de muy poco-, al dejar de gastarlos en bienes ordinarios), así como también en el impuesto sobre sociedades (por el efecto negativo en las ventas de las empresas que intervienen en la cadena de valor de los bienes y servicios producidos), además de que ello disminuirá la recaudación por cotizaciones a la Seguridad Social, generándose así un círculo multiplicador realmente restrictivo; ello determina que el pretendido efecto de ahorro fiscal sea mínimo, o incluso en ocasiones negativo. Y todo ello aparte de los efectos inducidos, los más importantes, sobre la actividad económica y consecuentemente en el aumento del desempleo.
Sería muy importante, en definitiva, que los sabios del FMI o de Bruselas que imponen estos recortes fiscales explicasen mínimamente los supuestos efectos beneficiosos de los mismos para combatir la crisis, pero mucho nos tememos que nos vamos a quedar con las ganas de saber algo al respecto.
Y es que este problema de las más que dudosas políticas económicas imperantes se ve agudizado por una evidente falta de transparencia respecto a las mismas. En una sociedad mínimamente moderna y abierta, dado que las medidas de recorte afectan drásticamente a los ciudadanos y las empresas, resulta imprescindible una mayor apertura informativa y que se informe públicamente de los criterios en los que están basados tales medidas, y sobre todo del impacto económico que sus responsables habrán previsto para las mismas, es decir, a qué ámbitos económicos y sectores empresariales les podrá afectar, y en qué medida. Esta información podría legitimar de alguna forma esas decisiones económicas de tan amplio calado social y evitaría que los ciudadanos tuviesen la grave sospecha de que las decisiones se han tomado a ciegas, con la única finalidad de cuadrar sobre el papel las cuentas públicas y sin cuantificar mínimamente los efectos previsibles de las mismas sobre la sociedad, y sobre unos ciudadanos cada vez más reprimidos y deprimidos.
Otro importante exponente de la actual falta de transparencia económica, ya hablando específicamente de nuestro país, es la inexistencia de información pública sobre el patrimonio (edificios, terrenos, vehículos, bienes muebles y suntuarios, etc.) que poseen los más de 21.400 organismos públicos existentes en España. Ni siquiera aquellos que tenemos un firme empeño (como académicos y como sociedad civil) y una supuesta cercanía a algunas de estas instituciones hemos podido conseguir acceso electrónico (ni físico) a esa información. Aunque no se llegue a cumplir en muchos casos, todas las entidades públicas tienen la obligación de formular un inventario de bienes y derechos debidamente actualizado, y debería ser además obligatorio que todas ellas lo publicasen en la web, para que así los datos del patrimonio de estas instituciones públicas aflorasen y estuviesen a disposición de la sociedad y los ciudadanos. Esta obligación se debería incluir en la nueva ley de transparencia.
La triste realidad es que nadie conoce el patrimonio global del sector público, dado que los datos están realmente aislados y atomizados, obrando solo en poder de cada una de esas miles de instituciones públicas. Resulta urgente resolver esa grave y ancestral falta de transparencia e información sobre el patrimonio público, propiedad de todos, y dando así respuesta al elemental derecho a saber de los ciudadanos. La afloración y transparencia patrimonial del sector público permitiría, además, analizar y debatir públicamente la posible utilización de otras diversas vías para actuar económicamente contra la crisis; por ejemplo, en lugar de continuar haciendo recortes de gastos y servicios públicos, pasar a recortar y adelgazar racionalmente la riqueza o el patrimonio público menos necesario y menos productivo socialmente en muchas de esas instituciones (por ejemplo, bienes suntuarios guardados que nunca han visto ni verán los ciudadanos -y de muy alto valor algunos-), ello permitiría la cancelación de sustantivas deudas de carácter público, con el consiguiente recorte o ahorro significativo de gastos por intereses, y la reducción del déficit público global, lo cual podría evitar una buena parte de los otros recortes y de sacrificios personales para la sociedad. Y es que en época de crisis se necesitan medidas excepcionales, como excepcional es la situación crítica de un gran número de ciudadanos.
En definitiva, muchas cosas deberían cambiar en el terreno de la economía y la transparencia. Resulta más necesario que nunca fomentar la creatividad económica y las ideas innovadoras, y los ciudadanos, empresas, universitarios y la sociedad civil en general deberíamos contribuir a ello aportando nuevas propuestas para aprovechar y poner en valor el gran potencial humano, empresarial y tecnológico de un país como España, a la vez que exigiendo una mayor y mejor información económica y haciendo ver a los responsables de la política económica nacional e internacional que una economía más transparente es tan posible como necesaria, e incluso más rentable económica y socialmente.
Jesús Lizcano Álvarez. Catedrático de la UAM. Presidente de Transparencia Internacional España
