La prolongada travesía del desierto a la que los mercados están sometiendo a las finanzas españolas, públicas y privadas, no concluirá hasta que haya transparencia absoluta en los números de los bancos y las comunidades autónomas, y certezas suficientes de que cumplirán con sus compromisos financieros de forma puntual. En el caso de la banca, los socios comunitarios han establecido un mecanismo precautorio de garantía, cual es la puesta a disposición del Gobierno de hasta 100.000 millones para recapitalizar las entidades fallidas si fuese preciso, y podría ser el mecanismo definitivo para que el sistema financiero recupere el crédito exterior que ha perdido. Pero las comunidades autónomas siguen proyectando una alargada sombra de duda sobre los mercados financieros, e incluso sobre los socios comunitarios.

La responsabilidad de cuadrar el objetivo de déficit ante Bruselas es del Gobierno central, pero no podrá hacerlo sin el concurso de las comunidades autónomas, a las que ha puesto bajo estricta vigilancia para que no se produzcan las desviaciones de 2011. Tres de ellas han admitido ya que precisan de la ayuda del Fondo de Liquidez Autonómica (fondo de rescate regional) para poder hacer frente a sus compromisos, sean de inversión, de gasto en servicios o de compromisos financieros, y otras tantas están abocadas a hacerlo. Esta circunstancia da garantías de que las regiones no se desviarán de su objetivo, pero es el reconocimiento más evidente del fracaso del Estado autonómico en su configuración actual, lo que impone una revisión del mismo para hacerlo sostenible financiera, política y funcionalmente.

Solo una iniciativa unitaria de los dos grandes partidos nacionales puede abrir ese ineludible debate para la redefinición del Estado autonómico, en el que no pueden estar ausentes los grandes partidos nacionalistas por el peso específico que tienen en la economía nacional Cataluña y País Vasco, pero si lo hacen con ánimo constructivo. La solución no está, ni mucho menos, en la huida hacia adelante que se ha practicado hasta ahora desde la redacción de la Constitución. Está en una revisión, y seguramente limitación, de las competencias de las regiones, así como una fórmula de financiación segura y en manos de quien administra también el gasto.

Una federalización plena no parece ser una apuesta sostenible, porque las diferencias de riqueza son demasiado abultadas. Sin embargo, es muy complicado que los grados de autogobierno y soberanía financiera y fiscal logrados por algunas regiones puedan retroceder sin causar un terremoto político de consecuencias incalculables. Es perentorio pensar en ensayar fórmulas políticamente viables, que sean financieramente sostenibles para recuperar el crédito financiero que España ha perdido y del que depende el futuro de todos los españoles.