El dominó de la deuda griega
Pocos días quedan en los que por unos u otros canales no se mencione la crítica situación económica en la que se encuentra Grecia. No es para menos a tenor de los preocupantes datos que arrojan muchos de los indicadores económicos del país: la deuda pública -unos 350.000 millones de euros- representa aproximadamente entre el 140% y el 150% de su PIB; el déficit público estimado para el presente ejercicio se aproxima al 10% y sus recursos para privatizar son manifiestamente escasos, con un importe previsto hasta 2015 de unos 50.000 millones de euros.
Por si esto no fuera suficiente, debido a la tendencia contractiva tanto de la demanda pública como de la exterior, el crecimiento económico esperado a corto plazo es bajo y la caída del PIB estimada para 2011 se sitúa entre el 3,5% y el 5%. Los ratings crediticios sobre la deuda helena no son más alentadores: el de Standard & Poor's es CC; el de Moody's, Ca y el de Fitch, CCC. Y los tipos de interés cotizados para dicha deuda tampoco ayudan a mejorar la situación: un 20% anual para el bono griego a 10 años y un 55% para el bono a dos años.
Ante la situación descrita, Grecia ha invitado a todos los inversores de bonos gubernamentales griegos con vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2020, junto con aquellos bonos que han sido vendidos o ya han vencido desde el 30 de junio de 2011, a participar en el programa de reestructuración. Se excluyen en dicho programa las letras del Tesoro (los llamados treasury bills), pero se incluyen los bonos emitidos por las compañías farmacéuticas y por el Hellenic Railway, que cuentan con la garantía del Gobierno griego. El valor nominal de estos instrumentos está calculado en, aproximadamente, 190 billones de euros, de los cuales alrededor de 150 están en manos privadas. Si los inversores privados aceptan participar, deben hacerlo para todos los bonos mantenidos a 30 de junio de 2011. Dado que se trata de una propuesta voluntaria, se espera que esta reestructuración no suponga un evento de impago para los derivados de crédito (especialmente los CDS), ni para los contratos de garantía financiera.
El programa ofrece cuatro alternativas diferentes a los inversores para intercambiar sus bonos, básicamente en función de la tipología y características de los bonos a recibir. En las cuatro opciones se ha establecido una mejora crediticia mediante un trust que mantiene bonos cupón cero con un rating AAA para proteger el valor nominal de los bonos reemplazados. Todas las alternativas implican nuevos bonos denominados en euros, mientras que algunos bonos actuales están denominados en francos suizos, dólares y yenes.
Se espera que los intereses devengados de todos los bonos actuales sean pagados en metálico en el momento del intercambio, y que los nuevos bonos ofrezcan un tipo de interés fijo, que se determinará en una fecha próxima a la de intercambio. En el entorno actual, es fácil entender que los mercados descuenten abiertamente el impago por parte de Grecia, lo que explicaría los elevados tipos de interés de cotización de su deuda. Con la vista puesta en la próxima cumbre del G-20, en Cannes, los mandatarios europeos Merkel y Sarkozy se han reunido recientemente con la intención de encontrar una solución. Ambos han insistido en la necesidad de tomar medidas para responder a los problemas de la deuda pública griega. Sin embargo, parece que actualmente el primer objetivo consistiría en evitar la crisis del sistema financiero europeo -y no la quita de los bonos griegos-, mediante la aportación de fondos públicos, para alcanzar su recapitalización y minimizar el impacto de sus inversiones en bonos griegos. Inicialmente, Francia era partidaria de utilizar el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) para inyectar liquidez a los bancos y evitar así un deterioro crediticio del país ante la gran exposición de la banca francesa a la deuda pública griega. Sin embargo, parece que Sarkozy apoyará la alternativa defendida por Merkel de utilizarlo solo como un último recurso.
Así, solo si se trata de una entidad financiera de carácter sistémica, que previamente haya recurrido a los mercados y a su correspondiente Gobierno nacional, se podrá recurrir al FEEF. En este contexto, el FMI ha estimado las necesidades de capital de la banca europea en un importe aproximado de entre 100.000 y 200.000 millones de euros. Sean cuales sean las medidas que finalmente se adopten, parece evidente que estas acabarán por acelerar la integración económica de todos los países de la eurozona.
Asís Velilla. Socio de Instrumentos Financieros de Ernst & Young