Tras el golpe de mano consumado el lunes sobre YPF por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, Repsol ha anunciado que está dispuesta a dar un paso adelante y batallar con todas las armas posibles por un resarcimiento justo de sus derechos. En una comparecencia pública en la que Antonio Brufau no ocultó su malestar ante lo que calificó de ilegítimo, vergonzoso y vil "expolio", el presidente de la petrolera ha desvelado que Repsol adoptará una ofensiva en cuatro grandes frentes -constitucional, administrativo, de mercado de valores y mercantil- y reivindicará un resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos tras la decisión del Gobierno andino. La estrategia de la compañía española comprende la reclamación de 18.500 millones de euros (24.000 millones de dólares) por la expropiación de su participación en YPF, de los cuales 8.000 millones de euros corresponden a la valoración de ese paquete (un 57%) y otros 10.500 millones al lucro cesante que supondrá la pérdida del yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta. Repsol opta así por la única postura razonable y con posibilidades de éxito que la compañía puede adoptar en este momento: emprender una potente estrategia legal en busca de una compensación lo más satisfactoria posible para la compañía. Pese a la manifiesta arbitrariedad con que esta decisión ha sido tomada y la escasa fiabilidad comercial y política que trasluce Buenos Aires, el ordenamiento constitucional argentino contempla la prerrogativa de hacer uso de la figura de la expropiación por razones de "utilidad pública". Pero a la vista de la cadena de acontecimientos que han precedido a la decisión y de los populistas y endebles argumentos esgrimidos por Cristina Kirchner para adoptarla, esta no cumple en absoluto con esa exigencia y su utilidad ha de buscarse, más bien, en el interés político y populista de la presidenta.
Paralelamente a la contraofensiva por recuperar el valor de su participación, que se desarrollará no solo ante la justicia local sino, y principal y acertadamente, antes instancias de arbitraje internacional -el Ciadi, en el Banco Mundial, y Uncitral, en Naciones Unidas-, Repsol tiene ahora otra tarea por delante: asimilar el golpe recibido y continuar con la estrategia propia de su condición de gran compañía internacional. Pese a las hostilidades del Gobierno Kirchner, la cotización de la petrolera sufría ayer un castigo relativamente moderado, dadas las circunstancias. La compañía ha acertado también al anunciar de inmediato que el expolio de YPF no afectará a sus planes de desarrollo ni a su política en materia de dividendos, lo que constituye una excelente noticia para sus accionistas. En ese sentido, resulta oportuno recordar que, pese a su relevancia, ni los intereses de Repsol se agotan en Argentina ni este es el único país con potencial inversor para la compañía.
Como no puede ser de otra forma, la mirada está puesta ahora sobre cuál será la política que el Ejecutivo argentino adoptará respecto a intereses de otros grupos españoles en el país. Tal y como ha prometido, el Gobierno de Mariano Rajoy ha de buscar todo el respaldo posible en instancias europeas e internacionales para adoptar una respuesta que deje claro a Argentina que romper las reglas del juego comercial y diplomático no es algo gratuito. Como recordaba ayer Rajoy, quien ha anunciado medidas a partir del viernes, la decisión adoptada por Cristina Kirchner no solo perjudica a Repsol y a España, sino a la propia Argentina y, por añadidura, puede mermar el prestigio de toda América Latina como territorio apto para la inversión extranjera. El presidente del Gobierno tiene ante sí la difícil prueba de calibrar la intensidad de una respuesta lo suficientemente efectiva como para impedir que lo ocurrido con Repsol se repita y mantener a salvo al mismo tiempo los intereses de las empresas españolas en aquel país, por el que siempre han apostado, incluso en sus peores momentos.
