Joaquín Almunia, en una de sus últimas decisiones como comisario europeo de Asuntos Económicos, aprobó ayer el programa de estabilidad presentado por el Gobierno griego en el que se anuncian medidas para reducir el déficit público desde el 12,7% del año pasado hasta el 2,8%. Bruselas califica el plan de "ambicioso" y "factible". El problema es que ni la Comisión Europea, ni los mercados (a juzgar por el creciente diferencial del bono griego con el alemán), está convencida de que el Gobierno de George Papandreou pueda llevar a cabo el plan.

Debido a esa falta de credibilidad, Bruselas ha decidido someter las finanzas públicas griegas a una vigilancia sin precedentes, que en la práctica deja a Atenas a un paso de perder su soberanía presupuestaria. Es el precio que Grecia debe pagar por la irresponsabilidad fiscal y contable de sus autoridades. Y se comprometió a pagarlo, como el resto de socios si llega el caso, cuando ingresó voluntariamente en la Unión Monetaria.

Por eso, Almunia acierta en su tratamiento a Grecia, aunque sea tardío. Pero se equivoca al comparar, como hizo ayer con todas sus matizaciones, su situación con la economía hispana. España, con todos sus problemas, y aunque ciertamente está sufriendo un castigo, no ha perdido la credibilidad ante los mercados de deuda.